A marzo del 2018 el riesgo país aumentó en 80 puntos, en relación con enero, ubicándose en 531 puntos según el EMBIG o índice de bonos de mercados emergentes, considerado como el más práctico indicador del riesgo país y calculado por J.P.Morgan Chase, ¿qué significa esto?
Este indicador, así como la calificación de riesgo de los países surgen de la necesidad de los acreedores de conocer el nivel de confiabilidad de recuperación de sus recursos y la determinación de la capacidad de pago de las emisiones de la deuda externa soberana de un país, está directamente relacionado con la eventualidad de que un estado soberano no pueda cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas con agentes externos.
En consecuencia el aumento en el nivel de riesgo del Ecuador demuestra claramente a la comunidad internacional la vulnerabilidad de la economía nacional, la solvencia y capacidad de pago desde los ojos de instituciones expertas que evalúan los diferentes productos financieros y sus características, así como el desempeño y gestión interna y externa del país y se hace más evidente si se compara con los índices proporcionados a países vecinos como Colombia y Perú, 178 y 141 puntos respectivamente, para el mismo período.
En los 531 puntos de riesgo país expresados en los tableros financieros internacionales radica gran parte de la explicación de las altas tasas de interés que pagamos por nuestras deudas contraídas y que hacen que el Ecuador tenga salidas ingentes de capital, visibles en la balanza de pagos y con efecto directo en la falta de recursos financieros para emprender en proyectos que generen empleo y mejoren el tan mentado “buen vivir”. Las onerosas tasas que paga el Ecuador en las diferentes emisiones de bonos de deuda muestran la diferencia entre un país con las características del nuestro frente a uno libre de riesgo como el caso de los Estados Unidos.
Pero qué podemos esperar después de los acontecimientos últimos en materia económica y política, como los altos niveles de endeudamiento, cuya cifra real auditada superaría con creces el 60% del PIB, el desequilibrio en el manejo de las finanzas públicas, el nombramiento de una ministra reconocida por declarar la moratoria en el cumplimiento de obligaciones internacionales, una economía que no define el plan económico luego de 10 meses de gobierno, que mantiene vigente la misma visión económica del gobierno anterior y los escándalos políticos y de corrupción que, no obstante revelaciones importantes, no guardan coherencia con la voluntad de una cambio efectivo, pues si bien se destituye al Presidente de la Asamblea, se lo reemplaza con una reconocida integrante del correísmo, se censura al superintendente de Comunicación, pero no se toca la Ley de Comunicación. La pregunta es entonces: ¿se equivocaron en el cálculo del EMBIG o tienen razón?