Tras una reunión con el presidente, Lenín Moreno, las autoridades de las funciones del Estado ecuatoriano firmaron una declaración en la que piden que se respete el pronunciamiento de la consulta popular. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
Las principales cabezas de todas las funciones del Estado ecuatoriano firmaron, la noche de este miércoles 7 de febrero del 2018, una declaración en la que piden que se respete el pronunciamiento de la consulta popular y referendo del pasado 4 de febrero. En la misiva, también se solicita respeto a la soberanía del país.
Lo hicieron luego de que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
La cita de los funcionarios ecuatorianos fue en el Palacio de Carondelet. El documento fue firmado por: Lenín Moreno, presidente de la República; Nubia Villacís, presidenta del Consejo Nacional Electoral; José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional; María Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia y, Christian Cruz, presidente de la Función de Transparencia y Control Social. También están: Pablo Celi, contralor del Estado (s); Rafael Parreño Navas, procurador General del Estado (s); Néstor Arbito, delegado del Presidente del Consejo de la Judicatura y, Carlos Baca, Fiscal General.
Pasadas las 20:15, la canciller María Fernanda Espinosa adelantó que el jueves 8 viajará una delegación hacia Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte IDH.
Estará conformada por la propia Canciller; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el procurador subrogante, Rafael Parreño; representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otros ministros de Estado.
Espinosa reiteró que tanto la Cancillería como la Procuraduría, emitieron ya dos escritos a la CIDH, con los argumentos jurídicos que el Estado expuso para que se desarrolle la consulta popular y referendo. “El 23 y el 31 de enero ya se emitieron 70 páginas con argumentaciones jurídicas”, subrayó la funcionaria.