La Contraloría apenas logró determinar cuál fue el destino de los recursos de libre disponibilidad que se obtuvieron con endeudamiento público externo durante el 2010.
A partir del 2011 hasta el 2015 no pudo identificar si estos créditos fueron a proyectos de inversión e infraestructura, como ordena la Constitución.
Estas conclusiones se desprenden del examen especial, de octubre pasado, que hizo el organismo de control a varios procesos de deuda externa.
Entre lo auditado están tres convenios de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB) por USD 5 000 millones, que se habrían concretado para financiar el Plan de Inversiones y los presupuestos del 2010 al 2012.
Este monto se distribuyó en tres líneas de crédito, que se recibieron en tres tramos A, B y C y cuyas condiciones de uso y destino correspondieron en un 72% a fondos de libre disponibilidad.
El primer desembolso de la línea 1 (tramo A) de libre disponibilidad fue acreditado a una cuenta del Banco de China el 29 de septiembre del 2010 por USD 799,9 millones. Pero a esta misma cuenta ingresaron otros valores, como pagos entre cuentas del sector público e intereses por depósitos a plazos por USD 302 millones.
De todos estos recursos, los auditores pudieron establecer que el 48,9% (USD 538,7 millones) se destinó a gasto corriente gracias a que el crédito ingresó a una subcuenta, que permitió hacer un seguimiento de su uso y destino.
Desde el 2011, los recursos de libre disponibilidad fueron a la Cuenta Única del Tesoro Nacional (CUT), que sirve para cubrir gastos corrientes y de capital, pero no se identificaron los proyectos a los que se destinaron estos recursos.
Según detalla el informe, el Ministerio de Finanzas y Senplades no adoptaron los medios que permitan determinar el uso de los recursos provenientes de endeudamiento público de libre disponibilidad y su relación a los programas y proyectos de inversión. Esto ocasionó que no hayan identificado la cuantía que fue destinada a proyectos de cada préstamo o de la emisión de bonos, según establece el art. 167 del reglamento al Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Sobre el resto de tramos (B y C), la Contraloría observó que USD 1 200 millones no se depositaron en las cuentas públicas en el país, sino en una cuenta del Banco de Desarrollo de China, desde donde se hacían los pagos a proveedores.
Según el organismo de control, además, el Ministerio de Finanzas y Senplades “no supervisaron el uso de esos recursos. Y señaló que la Senplades no coordinó adecuadamente la ejecución de, al menos, seis obras con las entidades ejecutoras. La falta de este seguimiento generó que no se tomen correctivos a tiempo a inconvenientes registrados en esas obras.
La Senplades dijo, en sus descargos al organismo, que cuenta con una herramienta de seguimiento que genera información, la cual fue entregada a Finanzas. Esta Cartera, a su vez, remitió y alertó de las actividades de seguimiento de Senplades. Finanzas respondió que actuó apegado a la ley.
La Contraloría también identificó que a través de Finanzas, entre agosto del 2014 y diciembre del 2015 se contrataron créditos con el Flar y Credit Suisse y se emitieron bonos por USD 3 071 millones, de los cuales un 39% fue de libre disponibilidad y, por tanto, no se identificó qué obras específicas fueron financiadas.
Durante el 2014 varios acreedores otorgaron al país USD
3 117,5 millones y en el 2015 se registraron 2 353 millones como fondos de libre disponibilidad. Estos recursos ingresaron a la CUT sin distinguir la asignación por cada uno de los proyectos, lo cual fue un problema en el análisis de los auditores.
El exsubsecretario de Financiamiento Público dijo a la Contraloría que, con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la asignación de recursos es más flexible. Y señaló que el hecho de que los auditores no tuvieron los medios de verificación sobre el uso de los recursos no significa que se inobservó la Constitución.