El presidente Lenín Moreno, pese a tener en los actuales momentos un alto nivel de aceptación popular, comienza a tener los primeros tropiezos. No me refiero a la oposición irracional y recalcitrante del ala correísta. Tampoco al hecho de haber dejado de lado en la consulta temas fundamentales. No. Hablo de uno de los aspectos que más ha promocionado Moreno: el diálogo.
Sí, el diálogo está dejando de ser un instrumento de plena participación y concertación para convertirse en un medio de manipulación y engaño. Al menos eso es lo que puedo colegir luego de comparar las propuestas que hizo el Consejo Consultivo Productivo y Tributario con las medidas económicas que acaba de anunciar la semana pasada el gobierno.
De nada sirvió la realización de las Mesas Técnicas de Diálogo que, durante 5 meses y con la participación de aproximadamente 1400 personas en 9 provincias del país, formularon alrededor de 1 800 propuestas en el campo económico. De estas, 10 generaron mayor consenso: revisar el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta; eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); reducir los aranceles de materia prima, insumo y bienes no producidos en el país; reducir los costos de energía para el sector productivo; reducir las tasas de interés; suscribir acuerdos comerciales; eliminar gradualmente los subsidios; simplificar los trámites.
No obstante, el frente económico, soslayando este proceso de diálogo, terminó por imponer su criterio: fijación de una tasa de 0,10 centavos para todas las importaciones (otra modalidad de salvaguardia) y establecimiento de nuevos aranceles a 375 partidas arancelarias.
Acto seguido, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en lugar de tomar en serio lo sugerido por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ha optado por contratar más deuda pública. En resumidas cuentas, en lugar de esperar que el gobierno se ajuste el cinturón recortando el gasto público, ha terminado por pasar la factura al sector empresarial y, concomitantemente, a toda la población.
Como si fuera poco, el titular del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Mauro Andino, justificó estas medidas por los altos niveles de subfacturación. Según Andino, el 70% de las importaciones están subvaloradas, lo cual genera evasión tributaria. Lo que resulta insólito es que Andino haga esta aseveración sin un documento serio de respaldo e incluso presuma que gran parte del sector importador le esté perjudicando al Estado.
Este tipo de medidas recaudatorias y fiscalistas, a más de ignorar conscientemente el proceso de diálogo, dejan intactos aspectos fundamentales: generar confianza en el sector productivo, promover el empleo y reactivar la economía.
Si el diálogo no va acompañado de un mínimo de compromiso, no sirve. Moreno está agotando un instrumento fundamental de participación y gobernabilidad.