El anuncio de una consulta popular impulsada por el Gobierno resucitó la posibilidad de eliminar la figura de la reelección indefinida. Esta fue incluida en un paquete de enmiendas constitucionales, en diciembre del 2015.
Una mayoría oficialista la aprobó en la Asamblea Nacional, pese a las críticas que generó en su momento. Se alertó, por ejemplo, que es un instrumento para facilitar la concentración del poder.
También que mina la independencia de las funciones del Estado y que construye el caldo de cultivo ideal para que la corrupción eche raíces en las instituciones públicas. El tiempo dio la razón a la oposición.
La alternancia ha sido un elemento fundamental para permitir el control y la fiscalización. Pero esto no se tomó en cuenta.
El oficialismo, incluso, adecuó el discurso para imponer la idea de que es la población la que tiene la última decisión, en las urnas.
Y que, por tanto, la reelección se convierte en una expresión más de democracia directa, de derechos. ¡El pueblo es el soberano!
Si en verdad creyeron, o creen en ese discurso, por qué entonces no dejar que el soberano sea quien determine esta vez, por medio de una consulta popular, si quiere o no seguir con la reelección indefinida.
O si considera que es más democrática otra fórmula. Como la chilena, que obliga a los candidatos presidenciales a estar alejados un período si quieren volver al poder. O la mexicana, en donde cualquier tipo de reelección está bloqueada para el Presidente.
Por qué tendría que ser, como advierten algunos líderes de Alianza País críticos con el Régimen, una regresión de derechos, si no hay nada más legítimo que la decisión del pueblo.
Concuerda incluso con el fallo de la Corte Constitucional, sobre la enmienda. Ahí también se resalta que la decisión popular es la mayor expresión de participación ciudadana.
El proceso electoral que se avecina será una buena oportunidad para demostrar si existe una consecuencia política, ideológica, o un doble discurso en una facción del oficialismo.