Es un principio de la economía el hecho de que cualquier factor involucrado en la productividad se vuelve un lastre cuando éste pasa el umbral del rendimiento decreciente.
Hace un par de décadas Stephen Magee, profesor de la Universidad de Texas, propuso que los EE.UU. y otras naciones podrían estar sufriendo a causa de un exceso de abogados. Con evidencia cuantitativa, como el producto interno bruto de varias naciones, Magee demostró que el tamaño de la población de abogados en una economía posee un umbral óptimo, pasado el cual se enfrentaría un exceso de procedimientos que hacen de lastre y se convierten en actividades improductivas (esta es la curva de Magee). El caso paradigmático de las leyes en Ecuador para hacer investigación biológica podría muy bien ser un giro particular en la hipótesis de Magee. No es solo el intrincado proceso legal que debe enfrentar un investigador que desee desarrollar conocimiento y tecnología con sistemas biológicos, sino también la monstruosidad establecida en el sistema de compras públicas y que coloca a Ecuador en desventaja total para el desarrollo tecnológico, la importación de maquinaria científica y la transferencia de tecnología e inversión. Juntos, los procesos legales para hacer investigación con sistemas biológicos y los procesos de compras públicas son un cerebro de dos cabezas que detienen el paso de Ecuador hacia un país más competitivo y productivo en el ámbito científico y tecnológico.