Las revelaciones, algunas ya documentadas, de la corrupción que se ha denunciado durante años, obligan a una revisión institucional del país. Es la organización concebida la que permite, mediante una estructura de concentración de poder, que las instituciones no funcionen orgánicamente, sino dependiendo de la voluntad del gobernante. La institución consagrada en la Constitución para garantizar la limpieza e independencia de las acciones públicas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es, en la práctica, un organismo cooptado desde el poder central, que designa como titulares de los principales organismos de control a quienes desea el Gobierno, y no hace nada para prevenir y combatir la corrupción, que se ha vuelto endémica.
La evidencia, incontrastable, que coincide con las revelaciones de la Fiscalía estadounidense, de que Odebrecht destinó 33.5 millones de dólares para el pago de coimas a funcionarios públicos, se refiere a la de un personaje que tenía relaciones directas y decisivas con un funcionario público con poder suficiente sobre los contratos que obtuvo dicha firma y sobre su regreso al país en condiciones no aclaradas suficientemente, después de haber sido expulsada, por los problemas en la hidroeléctrica San Francisco.
Y no se han fiscalizado –todavía- otros contratos –grandes y pequeños- y las negociaciones de petróleo con China, en la que intermediarios, relacionados con funcionarios públicos, habrían obtenido pingües ganancias, lo que habría sido imposible si, efectivamente, las negociaciones habrían sido de gobierno a gobierno como se argumentaba. Lo de Odebrecht sería juego de niños ante esto.
La evidencia conduce a una relación indisoluble entre uno de los detenidos, que ha recibido muchos millones de dólares, con el funcionario responsable, durante años, de los sectores estratégicos: del tío con su sobrino.
Para que sea creíble su proclama de luchar sin cuartel contra la corrupción, el Presidente de la República se verá obligado a deshacer el binomio, cuya relación ya es muy agria a simple vista. El Vicepresidente, evidentemente, no va a dar un paso al costado: ni tiene la sensibilidad política para hacerlo, ni se va a despojar del poder que cree le puede proteger de las acusaciones, sospechas y coincidencias que, ciertas o no, le han hecho perder toda credibilidad. Y un juicio político es imposible, dada la correlación de fuerzas en la Asamblea y el enrevesado y dilatado procedimiento que requiere.
Así las cosas, la única forma de desvincularse de tanta acusación, de tanta sospecha, de tanta evidencia, es solicitando la renuncia al Vicepresidente. Y el único que lo puede hacer, con efectividad, es el Presidente, para que el destino mismo de su Gobierno no quede contaminado por estas penosas realidades.