Todas las mañanas, Gladys Moncayo tiene que bajar por un camino de tierra para llegar a la estación de buses en el Camal Metropolitano, en Chillogallo, en el sur.
Ella compró, hace cuatro años, un terreno de 200 m² en las faldas del Pichincha, en la montaña de El Cinto. “Un conocido de mi cuñada me vendió el lote, en USD 300. Yo vivía en Amaguaña, vendí mi casa y vine porque no había trabajo”, aseguró la mujer. Un amarillento papel es lo único que respalda la propiedad del terreno.
Según un estudio del Municipio de Quito, hay 485 barrios ilegales y 1 269 legales. Las zonas donde más se presenta el problema es en Calderón, Quitumbe, las faldas del Pichincha y el Comité del Pueblo.Hace tres años, Moncayo construyó una casa de dos pisos de hierro y cemento. “Hice un sacrificio para levantar mi casita, la subida de los materiales fue dura”. Reconoció que para la construcción contrató a un maestro mayor y a un albañil. No contrató a un arquitecto para la elaboración de los planos por el costo.
En el mismo barrio, 100 metros más arriba, vive Luis Moposita. El hombre de 65 años es nativo de Chachimbiro. Contó que fue uno de los primeros que llegó a este sector, hace 25 años. “Antes era desolado, no había nada y con el tiempo empezó a llegar más gente. Ahora, usted mira cómo está lleno de casas”.
Moposita, Moncayo y 300 personas más que viven en el barrio Altos del Camal, no han regularizado sus terrenos ni las construcciones.
“No tenemos plata, nos pueden quitar los terrenos y no tenemos dónde vivir”, expresó Moncayo con temor.
En ese barrio, las calles son de tierra. Hay energía eléctrica, pero el agua llega por tuberías, que se conecta de una acequia ubicada en la cima de la loma. Tampoco tienen alcantarillado, seguridad policial, ni un centro médico.
“Esa es la suerte del pobre”, decía Moposita, mientras acariciaba a su perro Brandon.
Según el urbanista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fernando Carrión, la informalidad de los terrenos en la ciudad tiene su origen en la década de los setenta y se extiende hasta los noventa.
Esto se dio debido a que el proceso de urbanización en la ciudad fue acelerado y la migración de los habitantes del campo a la urbe hizo que la invasión de tierras sea un elemento a partir de cual las personas pudieran conseguir un sitio para vivir.
Carrión consideró que al ser una ciudad de riesgo, este tipo de ocupación y la construcción de casas con técnicas rudimentarias, aumentan el índice de vulnerabilidad frente a los desastres naturales.En la av. Simón Bolívar, a la altura de la Lucha de los Pobres, se ubica la cooperativa Rancho los Pinos. Rocío Palacios adquirió, hace cinco años, un terreno de 256 m², a un costo de USD 1 500. Reconoció que su casa se construyó sin planos. Tampoco tenía dinero. Ella y 1500 vecinos esperan legalizar su barrio en este año. “Estamos en un proceso de legalización, queremos vivir en paz”, comentó. En ese momento, un viento fuerte levantó, de las polvorientas calles, una densa capa de tierra.
Diego Dávila, director ejecutivo (encargado) de la Unidad Regula tu Barrio, aseguró que este Departamento se creó en marzo con el propósito de regularizar los barrios y permitir que la gente tenga un mejor nivel de vida.
Sostuvo que esta ilegalidad se produce por la existencia de los traficantes de tierra y por la necesidad de las personas de tener un lugar donde vivir. “Antes de la creación de este Departamento se regularizaba un promedio de 19 barrios por año. En esta administración ya se han regularizado 89 barrios”.