El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de un informe que fue hecho público en el mes de diciembre, puso en evidencia ante la opinión pública internacional la forma cómo operaba la firma constructora Odebrecht para hacerse de millonarios contratos de obras en Brasil y varios países de América Latina.
De acuerdo a este informe, la empresa Odebrecht habría pagado desde el 2007 a 2016 cerca de USD 788 millones en sobornos a altas autoridades de Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y, por su supuesto, Ecuador. En el caso de nuestro país esa cifra se estima en USD 33,5 millones.
Tal como ocurrió con el caso Fifagate, de no darse la intervención de la fiscalía y la justicia norteamericanas, muchos actos de corrupción cometidos por esta firma hubiesen quedado en la impunidad. Es cierto que hace más de un año varios países de la región iniciaron procesos indagatorios a partir del estallido en Brasil del caso Lava Jato, el cual evidenció un manejo doloso de la petrolera Petrobras durante los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sin embargo, el informe del Departamento de Justicia provocó que se reactivaran y agilitaran las investigaciones en donde operó Odebrecht.
En Ecuador el trabajo desempeñado por la Fiscalía podría calificarse de lento y poco efectivo. En otros países de la región ya hay autoridades que han sido juzgadas. El mismo ex presidente peruano, Alejandro Toledo, tiene orden de prisión.
Incluso se han iniciado juicios contra Odebrecht por sus prácticas corruptas y, en ciertos casos, esto ha llevado a la terminación de contratos. En razón de ello, no se comprende cómo un proyecto como el Metro de Quito, en el cual participó Odebrecht en consorcio con la firma española Acciona, haya continuado. Es decir, como si no hubiese pasado absolutamente nada.
Pese a ser el Departamento de Justicia quien motivó que en varios países de la región se activen indagaciones y juicios, llama la atención la noticia de que no revelarán la lista de autoridades y funcionarios ecuatorianos que recibieron jugosos sobornos.
Así lo acaba de informar la congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen. Eso, a su criterio, provocará que los responsables no sean llevados ante la justicia, ya que en el Ecuador “hay una falta de independencia” del Poder Judicial.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Podemos confiar en la independencia y efectividad de la Fiscalía? ¿Revelará finalmente el Departamento de Justicia estos nombres luego de las elecciones?
La corrupción no comienza ni tampoco termina con el caso Odebrecht. Aunque este caso tiende a convertirse en un megaescándalo, jamás conocido en la historia de América Latina, es fundamental que se vaya hasta las últimas consecuencias. Conocer los nombres es clave, ya que losresponsables deben ser sancionados de manera ejemplar. El Ecuador necesita un baño de verdad.