El discurso de la Fiscalía ha sido repetitivo. Para justificar que se investiga el escándalo de corrupción de Odebrecht ha recurrido a lo que todos conocemos: al allanamiento de las oficinas de Quito y Guayaquil, a la decisión de un juez que prohibió a las instituciones estatales a contratar con la constructora, a los cuatro pedidos de asistencias internacional (3 sin respuestas), a la solicitud de datos a seis instituciones dentro del país.
En realidad no hay nada concreto. Una investigación abierta, pero ni un solo procesado. El fiscal Galo Chiriboga ha pedido al país que comprenda que la indagación es reservada y que la idea es no entorpecer el proceso. Es verdad y así lo establece el artículo 180 del Código Integral Penal.
En países como Perú, los trámites judiciales están adelantados, a tal punto que el expresidente Alejandro Toledo tiene orden de captura preventiva. En Panamá, la Fiscalía pidió a la Interpol que emitiera una difusión roja contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, acusados de soborno. En Colombia, el entramado de corrupción señala al presidente Juan Manuel Santos.
En Ecuador, el Fiscal solo ha dicho que él sabe que el corruptor es Odebrecht y que eso es un avance (05/01/2017). Tuvo que disculparse por esa aseveración, aunque desató una ola de críticas en su contra.
La semana pasada, la Fiscalía se enredó al reconocer un escrito que se filtró en redes sociales y que hablaba de documentos que llegaron de Brasil. Luego dijo que no era así.
El martes, EL COMERCIO reveló que, en junio del 2015, esa entidad ya había anunciado que trabajaba con Brasil en el caso Odebrecht.
Sin embargo, las primeras diligencias las dispuso apenas hace dos meses, cuando el Departamento de Justicia reveló que en Ecuador se pagaron USD 33,5 millones en sobornos. Pese a conocer ese dato, Chiriboga viajó a EE.UU. solo después de 42 días y regresó con el anuncio de que se creará una comisión. Hoy está en Brasil y busca más datos. Lo cierto es que el Fiscal está en deuda con la Nación.