Uno de los mayores obstáculos para que la economía del país y de las personas pueda desenvolverse, es la tramitología. En lugar de ser el Arte o Ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites, como enseña el Diccionario de la Real Academia, se constituye en un obstáculo que obliga a demorar –y, en ocasiones- hasta a desistir de actos en lo económico y social.
En los últimos años nos hemos convertido en estudiantes de los Tratados y Convenios Internacionales; de la Constitución de la República cuyas disposiciones se interpretan a gusto y sabor. Hay una verdadera hemorragia de leyes orgánicas cuya derogación es más difícil, o imposible, pues para eliminarlas es necesario contar –en el Congreso o en la Asamblea- con los votos de la mayoría absoluta de legisladores. Las leyes orgánicas emitidas en el último tiempo serán intocables, especialmente si, como resultado del “patriotismo” de los centenares de candidatos de la oposición a la Asamblea, surgirían solo pequeños grupos y una votación dispersa y atomizada.
A continuación vienen las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales. Prosiguen los decretos presidenciales; los reglamentos; las ordenanzas comunes, los acuerdos y las resoluciones y los “instructivos”.
El funcionario público debe estar atento a toda esta maraña, pero si en su ánimo no está servir sino poner dificultades, el ciudadano común ingresa en un mundo un tanto tenebroso, que le exige tiempo, “gastos”, fatiga y, al final, desilusión.
De la vida real se pueden citar muchos casos. El vendedor de buena fe de un vehículo, a quien se le asegura que el nuevo propietario realizará el trámite de traspaso e inscripción y no lo hace, en lugar de ayudarlo capturando el vehículo para obligar que el trámite se realice, le dan una lección de leyes, pero no le indican por lo menos a dónde y a quién debe acudir con su pedido.
Muchos ecuatorianos estamos atentos a las ofertas de campaña de los candidatos presidenciales. Ni del binomio que pretende continuar al gobierno actual; ni de los candidatos de la oposición hemos escuchado una oferta firme y certera sobre eliminación de la insoportable tramitología que, en lugar de ayudar, es a un escollo para el progreso de los ciudadanos.
Para quienes están en el poder, o pertenecen al partido político que está en el mando; o para los que tienen amigos influyentes que recomiendan despacho oportuno de las solicitudes, este drama es ajeno. Los verdaderos perjudicados son los ciudadanos comunes que deben pagar los impuestos tan oportunamente que, si no lo hacen, les cortan el servicio de luz eléctrica, el de los teléfonos, agua potable; y para el mínimo paso son exigidos de presentar documentos de diverso orden y hasta el certificado de votación inclusive a los “jóvenes” de la tercera edad.