Muchos empresarios estarán este momento diseñando la estrategia corporativa que pondrán en práctica las próximas semanas y meses, para sobrellevar las recientes medidas creativas del Gobierno. Algo ya común en esta administración: la renovación permanente de las reglas de juego. Por una parte, está el proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de Tributos. En palabras más sencillas, el proyecto de Ley de Plusvalía.
Pero también deberán tener en cuenta las repercusiones que provocarán en el acceso al crédito corporativo, las recientes resoluciones adoptadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, orientadas al manejo del encaje y de la liquidez.
En el primer caso, obviamente la mayor incidencia se podrá sentir en el desempeño de firmas inmobiliarias y también en operadores de bienes raíces. El sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados a lo largo del año. Además, hay que recordar que el año pasado solo con el anuncio del envío del proyecto se paralizó la inversión.
En cuanto a las resoluciones de la autoridad monetaria, uno de los primeros efectos tiene que ver con una reducción de la liquidez (por el incremento del encaje que pasará del 2% al 5% en los bancos más grandes), que tranquilamente se podría destinar a la colocación de más créditos, para reactivar una economía que aún no se recupera.
En medio de esta agenda oficial está un ambiente electoral lleno de ofrecimientos, que tampoco permiten tener una perspectiva clara del escenario económico para los próximos meses. En esas circunstancias, el empresario evita realizar grandes o nuevas inversiones, es demasiado cauto en la contratación de nuevo personal, ajusta permanentemente los costos de producción, terceriza más servicios (sobre todo en áreas de finanzas y administración), reestructura los beneficios que ofrecen a la nómina, reduce presupuestos en áreas de capacitación y marketing, entre otras decisiones. Y todo eso gracias a la política pública.