La misma justicia que existe para asegurar derechos se puede convertir en instrumento para violarlos y obstruir la libertad de expresión, comprueban recientes acciones judiciales contra periodistas y medios en Brasil.
El caso actual, de gran repercusión, es el de Gazeta do Povo, principal diario de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, acosado por 48 demandas de jueces y fiscales del Ministerio Público, que reclaman indemnizaciones por haber divulgado el diario sus remuneraciones en febrero.
“Hubo semanas en que estuvimos cuatro días útiles de la semana corriendo de una ciudad a otra en el interior de Paraná, donde teníamos que concurrir a las audiencias. Creo que en total recorrimos más de 10.000 kilómetros”, contó a IPS uno de los tres periodistas enjuiciados, Rogerio Galindo.
“Eso pasó justamente en un momento de efervescencia política en el país, poniendo en riesgo la sostenibilidad del diario y revelando un gran potencial (de múltiples acciones judiciales) de causarle daños irreversibles, cuando la prensa escrita ya enfrenta graves dificultades económicas”: Leonardo Mendes Junior.
Pena similar sufrió Elvira Lobato, periodista de Folha de São Paulo, tras la publicación, el 15 de diciembre de 2007, de su reportaje “Universal cumple los 30 años con imperio empresarial” sobre los negocios oscuros de la evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), propietaria de redes de televisión, radio y periódicos.
Lucio Flavio Pinto, galardonado periodista que publica desde 1988 su “Jornal Pessoal” en Belém, capital del norteño y amazónico estado de Pará, enfrenta desde 1992 un vía crucis urdido por el imperio mediático local, el grupo Lque, que le interpuso 33 procesos judiciales por denunciar ilegalidades de sus dueños, la familia Maiorana.
En Gazeta do Povo, además de los tres periodistas, dos infografistas y la empresa editora responden acciones judiciales, acusados de provocar daños a los demandantes.