En los términos de referencia del proceso para el armado de paquetes electorales -de los comicios del 2017- se incluyeron papeletas para una consulta popular.
Este detalle llamó la atención esta semana, porque en la actualidad no existe un proceso de consulta aprobado.
El único que está en espera de validación es el que fue presentado por el Gobierno. Se trata del denominado Pacto Ético, a través del cuál se quiere consultar a la población si está de acuerdo con que funcionarios públicos ejerzan cargos si tiene bienes o capitales en paraísos fiscales.
El presidente de la República, Rafael Correa, había explicado que la consulta se podría hacer junto con las elecciones generales de febrero . Pero solamente si la Corte Constitucional califica como procedente la pregunta entregada por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Antes de eso -por respeto a la Ley- no se pueden adelantar procesos de contratación.
Los términos de referencia contienen las especificaciones del trabajo que se quiere contratar para una institución. Si no se cumplen, estos pueden dar pie a posteriores sanciones o incluso infracciones a la Ley de Contratación. Con base a esos criterios se elaboran los contratos.
Por eso lo ocurrido no puede pasar por alto. El Consejo Nacional Electoral debe explicar a la ciudadanía qué fue lo que ocurrió en ese caso. El documento de 113 páginas donde se adelantó la existencia de una papeleta para consulta tiene firmas de responsabilidad.
Y la justificación del titular del organismo electoral; Juan Pablo Pozo, no es suficiente. Él manifestó que en el contrato (final) de impresión de papeletas electorales no se incluyó una para consulta popular.
Pero sería importante que se respondiera preguntas como: ¿quién dio la disposición de que se añada una consulta popular y quién revisó esos términos de referencia? ¿Con qué intención se hizo? ¿Hubo un intento de seguir la agenda política del Gobierno?