La Gobernación mantiene reuniones sobre la justicia con autoridades de la provincia. Foto: Cortesía Gobernación tsáchila
Las denuncias por delitos graves como violaciones o asesinatos no constan en los reglamentos tsáchilas. El exgobernador tsáchila, Gumercindo Aguavil, señala que no habían sido contemplados porque las comunas eran territorios muy pasivos y que entre los delitos más graves estaba robarse un fruto de la parcela de los vecinos.
Pero según el historiador Gerardo Tapia, hace 40 años los estragos de la civilización empezaron a modificar las costumbres tsáchilas. “Lo que se entendía por modernización empezó a transgredir las costumbres”.
Por ejemplo, las vías y puentes sirvieron para que los tsáchilas transportaran y vendieran sus productos como el plátano y la malanga. Pero también influyó a que los mestizos tuvieran mayor acceso a las comunas. “Nos ha beneficiado por el turismo. Pero las comunas también son más inseguras”, señaló Mateo Calazacón, presidente de la comuna Chigüilpe. Este dirigente asegura que desde hace unos cinco años se empezaron a presentar robos en las propiedades nativas. “No se hicieron denuncias porque no sabíamos cómo proceder”.
Según la Gobernación tsáchila, en una asamblea extraordinaria se realizó un sondeo para conocer cuántas personas estaban dispuestas a denunciar un delito. De 30 consultados, solo una persona señaló que lo haría. Las demás aseguraron no tener dinero para invertir en un abogado y en los trámites legales.
Gonzalo Calazacón, de 30 años, señala que una de las motivaciones para convertirse en el primer abogado tsáchila fue que la mayoría de casos tsáchilas no tenían sentencia. “Por desconocimiento y falta de representación, antes los casos eran archivados”.
Según la Gobernación, los casos de violación son los más denunciados. Entre el 2015 y el 2016, se presentaron 60 denuncias, de las cuales el 45% está en investigación. De ese total, 10 expedientes están en indagación previa, cinco para llamamiento a juicio y 30 en instrucción fiscal. 41 mujeres y cuatro hombres constan como los agredidos.
Sin embargo, el fallecimiento de un menor conmocionó a la comunidad tsáchila. El niño fue atropellado en la vía a Umpechico. La Policía llegó hasta el sector de Umpechico donde fue el accidente y detuvo a una persona. “Al siguiente día fue liberado. Los familiares se sintieron desprotegidos, pero no de la justicia ordinaria sino de la nuestra, porque como nacionalidad los estatutos no nos permitían actuar”, señaló el actual gobernador tsáchila, Javier Aguavil.
Eso motivó a Aguavil a gestionar un convenio con la Defensoría Pública para que los asesore en materia judicial.
El primer acercamiento se dio en una asamblea general en la comuna Colorados del Búa. Ahí 116 representantes de las siete comunidades pudieron despejar dudas sobre la justicia ordinaria. “Se explicó que los casos de robo y delitos menores están contemplados en nuestros estatutos, mientras que delitos mayores como asesinato los debe investigar y sancionar el órgano judicial”, señaló Aguavil.
El convenio se firmó el pasado 14 de julio. Según la Defensoría Pública, la alianza servirá para “la prestación gratuita de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial en favor de los integrantes de la nacionalidad que no pueden contar con ellos por su situación económica, social o cultural”.
El convenio se avala en los artículos 191, 192, 193 de la Constitución, en el que se faculta a esa entidad a prestar los servicios de patrocinio y asistencia legal gratuita a personas que no pueden pagar un abogado por su condición de indefensión.