Para que la privatización de las empresas estatales tenga respaldo de la opinión pública se debe saber en qué van a gastar los millones de dólares que se obtendrían. Para que sea conveniente no solo debe ocurrir un cambio de propietario del negocio existente sino prever una mejor productividad.
Parece que, por el momento, solo es una idea porque no se tiene aún las valoraciones respectivas ni se sabe si serán empresas mixtas o 100% privadas. La Constitución, en su artículo 316, prevé que se puede hacer empresas mixtas para los negocios de sectores estratégicos, pero también prevé vender todo en casos excepcionales. Habrá entonces que dilucidar técnicamente si conviene una u otra alternativa, buscando una administración eficiente y leal con los intereses del país.
Las empresas públicas son de todo el pueblo, pero al mismo tiempo no son de nadie cuando la administración se hace sin precautelar los riesgos, como el caso de Tame. Algunas empresas pueden ser más productivas en manos privadas y las que arrojan pérdidas podrán salir adelante si todavía son reversibles. Pero ponerlas en venta solo para obtener una liquidez efímera le resta poder de negociación al vendedor y le da ventajas al comprador.
Entonces, hay que pensar dos veces en cada caso, pues se trata de negocios grandes que requieren incluso de asesoría internacional y un personal calificado con vastos conocimientos en desinversiones. No es algo en que se puede improvisar, sino procurar que los procesos, a más de convenientes sean transparentes, ya que las consecuencias de vender mal generarán inestabilidad futura a estos negocios.
El Banco del Pacífico es una empresa grande que ojalá se venda a un banco extranjero que traiga más capital, más captaciones para competir ventajosamente con los bancos nacionales en tecnología, innovación, productividad financiera y tasas de interés atractivas, que mejore el dinamismo productivo y no solo el consumo y las importaciones.
Las plantas hidroeléctricas son obras nuevas que se pueden vender bien a precios de mercado, pero a la luz de la experiencia de la empresa norteamericana Emelec se debe precaver que en el futuro no se cometan abusos del poder de mercado ni se presione políticamente para conseguir condiciones oligopólicas que perjudiquen al país.
También en el caso de las productoras de cemento no hay que repetir la experiencia de la venta de la empresa mixta Cementos Rocafuerte de Guayaquil, que hizo el Estado a precios muy bajos, renunciando al control que tenía del precio de venta del cemento que es uno de los insumos que encarecen los costos de la construcción.
Si se mantiene la reserva de carga petrolera para Flopec, la venta de esta empresa será conveniente solo si el precio es alto. Las demás empresas deberán venderse con transparencia conforme a sus especificidades y previendo su mayor productividad.