Trae mucha cola la presencia de los altos jefes militares en la fallida audiencia del juicio que se sigue contra oficiales de alta graduación, en servicio pasivo, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Algunos de ellos incluso sufren arresto domiciliario, por ya largos meses. Es una posición institucional, ha expresado el Alto Mando ante las críticas por su presencia, que ha querido interpretarse como indebida presión ante los jueces que conocen el caso.
El Fiscal General ha pedido a los oficiales que “confíen en la justicia” lo que parece poco menos que imposible después de que el Jefe de Estado pidiera a la ciudadanía que le permita “meter mano a la justicia” en un referendo en el que la mayoría encandilada por el estado de propaganda le aprobó.
Desde allí, las cortes y tribunales que en los últimos años no se distinguieron precisamente por su independencia y confiabilidad, han devenido en una suerte de apéndice del poder central –como en general todas las instituciones públicas – que no se atreven a tomar decisiones que afecten o disgusten a quien detenta el mando de la nación. Para muestra, es suficiente recordar la sumisa Corte Constitucional, que da paso inmediato y sin chistar a todo pedido del Ejecutivo y frena el despacho de las causas que interesan a los grupos sociales.
Y todo ello, además de recordar la presencia personal del líder único rodeado de todo el aparataje del poder, en los juicios iniciados “a título personal” en busca de enormes indemnizaciones a bancos, medios de comunicación y periodistas.