Ya son varios meses desde que despertó el coloso, con amenazantes manifestaciones, que mantienen a los ecuatorianos en ascuas. El Gobierno Nacional reaccionó oportunamente con un decreto de emergencia y con planes necesarios para conducir ordenadamente el accionar de los habitantes.
Pero desconocemos si la Secretaría de Gestión de Riesgos ya planificó la defensa y protección del amplio territorio de la zona central del país, para así tratar de paliar los graves efectos de una inevitable erupción actual o posterior, con el fin de salvaguardar, tanto la vida de los miles de ecuatorianos, pobladores del inmenso territorio que posiblemente sea afectado, como la destrucción de sus bienes particulares y del impacto en la economía nacional, que produciría un desastre generalizado.
La coordinada acción del antes referido estamento debería incluir el aporte de otros entes: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el IGM, la Espe y las empresas que han construido las carreteras del país, junto con la urgente dotación de fondos manejados por los estamentos económicos gubernamentales, para que se pueda construir en el menor tiempo posible -en las áreas críticas del volcán- los grandes obstáculos que permitan bloquear en un alto porcentaje los lahares y los torrentes de lava.
El pago de estos emprendimientos insustituibles podría cumplirse con solo suprimir, sin temor ni favor, los despilfarros identificados donde quiera que se estén produciendo. Efectuar estos trabajos, aprovechando la docilidad del Cotopaxi, ayudará en la consecución de un múltiple bienestar.