El país conoció de múltiples irregularidades cometidas a lo largo del tiempo, en distintas administraciones, por la labor de investigación desarrollada por el periodismo.
Documentadamente, en la mayor parte de los casos, y en algunos con exageración y equivocaciones, la ciudadanía se enteró de negocios, negociados, irregularidades, indelicadezas, aventuras y despilfarro porque algún periodista se empeñó en averiguar qué estaba mal y seguir la pista de lo que estaba cocinándose.
También, cuando algo estaba mal hecho, aunque no haya sido por corrupción. Para que esa labor pueda desarrollarse se necesitan medios de comunicación independientes, dispuestos a publicar lo que la ciudadanía debe conocer, sin temor ni favor. Medios que actúen en un clima de libertad, sin la presión de intereses específicos, de la naturaleza que fueren, políticos, económicos o de cualquier otro orden.
Así se conoció del caso de la chatarra en un régimen velasquista y de los pingües negocios que se hacían con las devaluaciones, con sus actores y beneficiarios, enquistados en los diferentes gobiernos. Así se estableció el perjuicio en los canjes de deuda en el gobierno del ingeniero Febres Cordero -sobregiros a determinados bancos para que recompraran deuda con grandes descuentos y cancelaran obligaciones en el Banco Central-. La caída de varios bancos para lo que se creó la tristemente célebre AGD, se denunciaron y siguieron por investigación periodística, así como el uso y abuso de los gastos reservados, los intríngulis del feriado bancario, el negocio de las mochilas escolares, los contratos del hermano presidencial. Las condenas a la represión desde el poder y los asesinatos a opositores como Consuelo Benavides no habrían merecido condena y sanción si no se habrían investigado y publicado.
¿Cómo se llega a conocer por la ciudadanía que el proyecto Coca-Codo Sinclair cuesta 606 millones más que lo contratado originalmente? ¿Cómo que el proyecto de almacenamiento de gas en Monteverde que tuvo un presupuesto inicial de 263 millones, se inauguró con tres años de retraso a un precio final de 570 millones? Porque periodistas de El COMERCIO y Vistazo investigaron el caso, lo documentaron y lo publicaron, ante lo cual, en lugar de explicar, la autoridad de comunicación del gobierno obligó a EL COMERCIO a rectificar, desconociendo lo que consta de los documentos oficiales.
Esta lamentable realidad, posible porque existe una Ley de Comunicación que permite el abuso y la sanción amedrentadora, coarta la posibilidad de investigación que se ejerce desde la prensa, más importante cuando los órganos de fiscalización no son independientes.
En todo gobierno es posible la corrupción, más mientras más poder tiene. Así, mientras menos periodismo de investigación haya, si hay corrupción, -el mal que corroe y termina con la fe pública y los gobiernos- queda así blindada.