La Corte Constitucional (CC) prevé pronunciarse hasta finales de año respecto a dos demandas interpuestas contra el decreto 813 que reglamentó la compra de renuncias obligatorias en el sector público.
Bajo esa normativa en octubre de pasado fueron despedidos cerca de 2 700 servidores públicos.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Federación de Servidores Públicos (Fenasep), desde julio pasado.
Y la mañana de hoy presentaron sus argumentos para que se declare el decreto 813 como inconstitucional. En sus intervenciones, el representante del MPD, Luis Villacis, sostuvo que la figura de compra de renuncia obligatoria “atenta contra el derecho de la estabilidad laboral” garantizado en la Constitución.
Añadió que la Carta Magna está por sobre un decreto ejecutivo por lo cual debe declararse inconstitucional.
El presidente de la Fenasep, Miguel García, sostuvo que la figura de renuncia obligatoria fue rechazada ya por la Asamblea Nacional a finales del 2010 y que el reglamento no puede reformar a la Ley.
En respuesta, el asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, señaló que al igual que existe la figura de despido intempestivo en el Código de Trabajo para los empleados del sector privado, en el sector público rige la figura de la renuncia con indemnización.
Añadió que el Estado ya ha vivido varios procesos de reestructuración en los cuales ha separado a funcionarios públicos y que nunca se declaró su inconstitucionalidad.
Finalmente, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, indicó que se espera resolver las demandas hasta finales de año, aunque no hay plazos.