La noticia se conoció en la tarde. El presidente, Rafael Correa declaró el estado de excepción en la Función Judicial. En el Decreto 872 firmado ayer se dice que la medida servirá para resolver “la situación crítica” por la que atraviesa la Justicia. Y para “prevenir una inminente conmoción interna”.
En el documento, de cinco páginas, se dice que la declaratoria durará 60 días y que el Ministerio de Finanzas “situará los recursos para atender la emergencia”.
El presupuesto inicialmente pautado para el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) fue de USD 400 millones (para 18 meses de operaciones) y la semana pasada subió a USD 600 millones (hasta el 2015).
En la tarde, la vocal de la Judicatura, Tania Arias, dijo no conocer aún el estado de excepción, pero al referirse a los recursos que aquello implicaría sostuvo: “Si dice dos meses sería exclusivamente para lo presupuestado por los próximos 60 días. Lo que está previsto para este año son aproximadamente USD 100 millones”.
En el artículo número 2 del Decreto también se declara la movilización nacional de todo el personal de la Función Judicial y se indica que esto tiene como finalidad “garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral”.
Además, se ordenó una “acción prioritaria” la formulación, ejecución e implementación de proyectos “de cambio en la Justicia”.
En uno de los considerandos se dice que la declaratoria fue pedido por el presidente del Consejo Transitorio, Paulo Rodríguez. Esto, mediante oficio número 123-P-CJT-MJ-2011 del 29 de agosto pasado.
Allí, el funcionario explicó que “no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica situacional”. Dijo que no se han sostenido los procesos de modernización, que las estructuras orgánico-funcionales no se compadecen con las exigencias de los usuarios, que el aumento anual de causas en el 2008 fue superior en un 40% con respecto al 2002.
“El decremento de la resolución de causas ocasionó que en el mejor de los casos se cumpla solo con el 70% de las resoluciones previstas en el año pasado. Todas las condiciones antes indicadas han generado un represamiento de aproximadamente 1 215 000 que deben ser atendidas”, dijo Rodríguez en el pedido.
El jurista Gonzalo Silva dice que con la declaratoria, el presidente Correa tiene todas las posibilidades para “convocar a la gente de la academia, magistratura y gente que esté en libre ejercicio”, para formar la nueva Corte Nacional.
La ejecución del Decreto se encargó a los ministerios de Finanzas y Justicia. Por ello, Silva que con esto “se desconoció al CTJ, que se quedó en soletas. Porque el dinero sale del Ministerio de Finanzas y Justicia es un intermediario de toda la administración jurídica con el Ejecutivo”.
El penalista y ex presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Medina, tiene una lectura de esta declaratoria: “No he leído aún el Decreto, pero me parece que el triunvirato (CJT) se dio cuenta de la complejidad del encargo y se reviabilizará por esa vía la reforma judicial”.
En otro considerando del Decreto 872 requiere que el sistema judicial necesita una nueva estructura institucional, que “permita implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica”.
Los postulantes
Sus últimos fallos favorecieron a Jorge Hugo Reyes Torres y a Guillermo ‘Pichi’ Castro. Hasta el 22 de abril del año pasado, Luis Abarca Galeas fue juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y como tal liberó a Reyes Torres, acusado de narcotráfico. El anterior Consejo de la Judicatura cuestionó ese fallo y lo separó de sus funciones.
Tras la salida se conoció que el juez, además, archivó los juicios que por posible prevaricato estaban abiertos en contra de Castro, quien fue presidente de la ex Corte Suprema de Justicia.
Un año y cinco meses después, Galeas aparece otra vez y está primero en la nómina de 666 postulantes para jueces de la CNJ.
A él se suma Benjamín Cevallos, presidente de la anterior Judicatura. Él fue duramente cuestionado por el presidente, Rafael Correa y por los vocales de minoría, quienes lo cuestionaron de hacer nombramientos a dedo.
Víctor Hugo Castillo también aparece como candidato. Su antecedente revela que fue destituido de la Judicatura en junio del año pasado, luego de que se enfrentara a golpes con Félix Herrera, juez cuarto de lo Civil de Guayaquil.
Además, 14 de los actuales miembros de la CNJ están como aspirantes. Ellos son el actual presidente del organismo: Carlos Ramírez y los jueces Carlos Espinosa, Gastón Ríos, Rómulo Flores, Manuel Yépez, Rodrigo Serrano, Galo Martínez, Jorge Pallares, Freddy Ordóñez, Gustavo Durango, José Suing, Manuel Sánchez, Luis Quiroz y Luis Pacheco.
Otros nombres conocidos son: Kaiser Arévalo, ex diputado; Juan Falconí Puig, ex superintendente de Bancos; Manuel Viteri, vocal de la Corte Constitucional.
Según el jurista Silva, todo el proceso de designación en algún momento va a declinar por su nulidad. “Yo aspiro que, cuando esto sea en forma legítima, a la Corte Nacional ingresen los mejores juristas, que si los hay en la academia, magistratura y en ejercicio profesional. En vez de que lleguen los mejores vamos a tener a unos juristas que van a poner la inseguridad en la justicia”.
A esto añade: “Todos deseamos una administración lo más consciente y con gente preparada, que llegue con procesos evaluativos cognitivos, actitudinales y procedimentales, no con nombres ni apellidos; menos con documentos que pueden ser comprados, raídos, entregados”.
Desde ayer comenzó la fase de verificación de documentos. De esta trabajo se encargarán seis personas del departamento de Recursos Humanos de la Judicatura. Ellos tienen 10 días para entregar los resultados. Y se cruzará información con organismos como el IESS, Instituto de Compras Públicas, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Contraloría.
En el Consejo Transitorio se conoció que si los postulantes, por ejemplo, colocaron datos irreales no podrán corregir.
En una reunión de trabajo, Rodríguez dijo que se tomará en cuenta la posibilidad de que los aspirantes puedan reenviar los documentos que faltaren.
Tras esta fase, los aspirantes serán sometidos a pruebas psicológicas y luego de ello comenzarán las impugnaciones.
Los posibles afectados tienen tres días para responder y presentar los documentos de descargo.
La Fase 2 es de Méritos, que será calificada con 30 puntos y en la que se evaluará la experiencia laboral general (haber ejercido con probidad notoria) y la experiencia laboral específica (calidad de intervención profesional y evaluaciones del desempeño). Allí también se estudiará la educación formal adicional, capacitaciones y publicaciones.
70 puntos más, del total de 100 en que los seleccionados serán calificados, dependerá de los resultados de la Fase 3 (de Oposición). En esta habrá pruebas teóricas sobre 30 puntos, prácticas (30 puntos) y una evaluación en una audiencia pública (10 puntos). Los candidatos conocerán sus calificaciones y podrán impugnar.
Detalles de la selección
Las fases del concurso de méritos y oposición para la designación de magistrados de la Corte Nacional de Justicia se desarrollará conforme al reglamento general que regula las convocatorias para ingresar en la Función Judicial.
La fase de verificación de idoneidad se divide en: idoneidad legal, (cumplimiento de requisitos mínimos), idoneidad psicológica (prueba) e idoneidad moral (impugnación ciudadana).
Las impugnaciones debidamente fundamentadas y documentadas en contra de los postulantes serán con respecto a: probidad o idoneidad, falta de cumplimiento de requisitos, falsedad en la información otorgada por el aspirante e inhabilidades establecidas en la Constitución o la Ley.