Estamos en el 2020. O quizás en el 2025. No es lo mismo pero da igual porque ahora vamos a hacer un ejercicio futurístico, donde lo importante es que ocurre en el Ecuador. Corre video.
Vaya alboroto que ha empezado a armarse con la aparición de un refrescante y nuevo grupo político de ciudadanos que quieren arrebatarle el monopolio de la política a la vieja y anquilosada élite que ha gobernado durante las últimas dos décadas.
Ha llegado, señores, la hora de construir una nueva política y de devolverle al ciudadano el poder, dicen. Estamos en el 2020 o el 2025, no lo olviden, y el novel y refrescante movimiento político sostiene que es necesario fiscalizar el pasado y no aceptar lo que esa viscosa clase política hizo en aquel odioso pasado al que ya nadie quiere volver.
Y la deuda, claro, la deuda del Ecuador es un tema que hay que abordar de forma inmediata porque con compromisos así no hay futuro “para ustedes los más necesitados”, como ha dicho un vocero que sostiene que sus correligionarios llevan al futuro marcado en sus luminosas frentes.
El carismático líder está muy entusiasmado, además, porque ha encontrado en algún repositorio digital de videos unas escenas del 2008 donde se ve a los entonces dirigentes declarando ilegal, ilegítima y odiosa a gran parte de la deuda del Estado.
En las imágenes se ve cómo los líderes del 2008 revelan una “auditoría” de la deuda. Las conclusiones son clarísimas: la deuda es ilegal, ilegítima y odiosa porque hubo usura, falta de transparencia y en ocasiones nunca se supo en qué se invirtió.
¡Bingo! El informe es la jurisprudencia perfecta para declarar a estas obligaciones que cargamos como ilegítimas y dejar de pagarlas, se dice. Si en aquel lejano 2008 se dijo que un tramo de los préstamos eran usureros porque pagaba una tasa del 10% por hasta 30 años, entonces cómo no van a ser usureros esos bonos contratados el 2015 al 10,5% por cinco años . ¡Que no se paguen!
Si aplicamos la auditoría del 2008, sostendrá el posible presidente, la deuda que se contrató con China el 2014 es ilegítima porque nadie vio los contratos ni supo las tasas de interés. ¡Que no se pague!
Además, si en el 2008 se hizo esa declaratoria porque se dijo que no había transparencia, razones de sobra tenemos ahora para decir lo mismo. “En el 2015 no se sabía a ciencia cierta cuánto se debía porque había obligaciones a un año que no se publicaban”, ha dicho en una entrevista concedida en marzo del 2020 o del 2025 cuando la campaña electoral recién se calienta.
¿Y esos USD 400 millones que se contrataron con una garantía de nuestro oro? ¡Que se los cobren a quienes lo prendaron porque no informaron al pueblo y porque es antiético empeñar el patrimonio. Ah, y que se inicien procesos penales rápido.
Y así, en el 2020 o en el 2025, algún despistado recordará la frase de Aldous Huxley que dice que quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. Esto ha sido futurismo puro.
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