Mejor que llamar a la política económica actual una política, un modelo o un programa económico, se le debería calificar de una acción oficial por gastar hasta donde permita el bolsillo del presupuesto o hasta donde se puedan levantar fondos. Esto significa que no se observa un lineamiento claro, con metas explícitas, con instrumentos predefinidos. Con recursos más limitados, probablemente las decisiones gubernamentales serían más pensadas, mejor analizadas, pues precisamente por haber recursos limitados se priorizaría el gasto público en destinos altamente rentables para la sociedad y para la economía.
Mientras entre el año 2000 y el 2006 el gasto público consolidado representó cerca del 21% del PIB en promedio, el 2007 inició una carrera ascendente hasta alcanzar porcentajes cercanos al 44% del PIB el 2013. No solamente que el gasto se ha duplicado por más de tres veces en los últimos siete años y por 10 en los últimos 14 años, sino que frente al tamaño de la economía de cada año también ha duplicado su participación en el período del actual Gobierno. Esto significa una seria amenaza para el sostenimiento de las finanzas públicas en los próximos años.
Un precio del petróleo cercano a los USD 90 el barril ya no les alcanza, como tampoco lo que rinden las 10 reformas tributarias aprobadas, por lo que se han visto obligados a entrar en una senda de endeudamiento agresivo al punto que en el último año y medio la deuda pública ha crecido aproximadamente 10 puntos porcentuales del PIB, pues en el 2012 esta representaba alrededor del 20% del PIB y ahora, incluyendo todas las obligaciones externas, la deuda pública total ya supera el 30% del PIB. El 2014 es el primer año del actual Gobierno en que los impuestos crecen a un dígito, pues estiman que para todo el año los tributos crezcan 2% frente al año previo, cuando en los años anteriores estos crecían a tasas de dos dígitos.
Sin embargo, ya se han escuchado voces de nuevos impuestos, en cuyo caso, el apretón al sector privado seguirá siendo el actor que ayude a financiar el desmedido gasto público que, en su mayor proporción, es gasto corriente y subsidios no focalizados.
Como el Gobierno tiene la adicción de ser quien pone el cheque para todo tipo de egreso, pues las concesiones, por ejemplo, no parecen estar en la agenda oficial, no les quedará más remedio que continuar con más y más deuda, para perjuicio de los que siguen y no necesariamente para los que hoy toman esas decisiones.
Las fuentes oficiales dicen necesitar USD 73 000 millones para el período 2013–2017 en los proyectos del cambio a la matriz productiva. ¿Quién va a pagar eso? O exprimen más al sector productivo o se pragmatizan concesionando obras o sigue la deuda hasta cuando nos presten. Las finanzas públicas tal como están no podrían solventar esos gastos adicionales.
Columnista Invitado