Uno de los grandes retos del siglo XXI es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es entonces con ese marco de referencia con el que apareció un nuevo concepto de análisis que permite profundizar las múltiples violencias contra las mujeres. Se trata del ‘feminicidio’, un concepto aún en construcción en nuestro país que conlleva en sí mismo una carga simbólica de una enorme importancia.
Ese término fue acuñado por primera vez por Diana Russell en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres convocado por Simone de Beauvoir en Bruselas, en 1976. En 1992 fue definido como “el asesinato misógino de mujeres por hombres, máxima manifestación de odio, discriminación y violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer” y más precisamente por el hecho de no serlo de manera adecuada, es decir, por transgredir los roles tradicionalmente establecidos.
El feminicidio es entonces una clara manifestación del poder y del control patriarcal sobre la vida de las mujeres, su libertad, su dignidad y su sexualidad. También lo es el asesinato de mujeres lesbianas, bisexuales o en ejercicio de la prostitución, quienes subvierten la heterosexualidad y los roles culturalmente impuestos para las mujeres.
Son feminicidios los asesinatos de mujeres como el de Rosa Elvira Cely, violada y empalada en el parque Nacional (mayo del 2012); el de Alejandra Díaz Lezama (2012), asesinada por su esposo, el exconcejal Vladimir Melo, después de un ciclo de violencia; el de doña Emperatriz Romero, de 94 años, violada, empalada y asesinada por su nieto, en el 2013; el de Vivian Urrego, quien murió tras recibir 28 puñaladas que le propinó el esposo en la plazoleta de comidas del centro Comercial Gran Estación (2012) frente a su hijo de 8 meses, además de otros 1 444 casos registrados en el 2011.
Sin embargo, la mayoría de estas conductas no fueron investigadas y sancionadas. En ese sentido, la Corporación Cijusticia, dirigida por Isabel Agatón, presentó en el 2012 a la senadora Gloria Inés Ramírez un proyecto de ley para tipificar esta conducta apoyada por la Comisión de Equidad para la Mujer del Congreso, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y de Medellín y otras autoridades; una iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado el 2014.
Hoy, en su paso en la Cámara de Representantes y con el apoyo de organizaciones de mujeres y de la Subcomisión creada para su revisión, el proyecto se fortalece con debates que lo sitúan como una conducta que debe ser sancionada drásticamente en virtud del principio de protección especial constitucional de las mujeres.
Ojalá, con la voluntad política del Congreso, pasemos de ocupar los deshonrosos primeros lugares del feminicidio en América Latina a ser uno de los países comprometidos con legislación, institucionalidad y toda la debida diligencia para prevenir y sancionar una conducta que, para las mujeres colombianas, representa el derecho fundamental a una vida libre de temor y de violencia y a una exigibilidad de justicia.