A pocas horas de la obtención del subcampeonato mundial de fútbol en Brasil, los festejos espontáneos de miles de argentinos en las calles de todo el país se vieron opacados por los graves hechos de vandalismo producidos en las inmediaciones del Obelisco porteño y, en menor medida, en otros centros urbanos.
Fue como dejar atrás la magia y las esperanzas que depara un Mundial de Fútbol y redescubrir que el ruido de pelota nunca alcanzará para disipar una cruda realidad dictada por la inseguridad y la marginalidad latentes que, como la tristeza brasileña de los últimos días, parece no tener fin en la Argentina.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que los docentes no reanudarán las clases el 4 de agosto, tras las vacaciones de invierno. Se trata de un nuevo desafío para el gobierno de Daniel Scioli, tras los 18 días de paro que soportó la provincia de Buenos Aires en marzo pasado.
En no pocas provincias hay frentes de conflicto abiertos con trabajadores estatales y de la salud por demandas salariales, que ponen en peligro el funcionamiento de la administración pública y de los hospitales. En muchos de esos casos, se plantea la posibilidad de reabrir las discusiones paritarias cerradas meses atrás, porque la inflación ha sido mayor que la prevista en las últimas negociaciones.
Las centrales obreras opositoras al Gobierno, encabezadas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, ya amenazan con un nuevo paro general para agosto. La CGT oficialista no oculta su preocupación por las suspensiones y despidos que se vienen registrando en distintos sectores de la industria, al tiempo que se queja por la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que pesa sobre los trabajadores asalariados.
Para colmo, la inflación no cesa. Si bien las estadísticas oficiales correspondientes a junio marcarían un descenso con respecto a los últimos meses, economistas del sector privado advierten que el costo de vida podría volver a subir en julio a niveles cercanos al 3 por ciento, por lo que la proyección inflacionaria anual otra vez se situaría más cerca del 40 que del 30 por ciento.
A la presión sindical y social, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sumará la de los gobiernos provinciales. Las provincias deberán cubrir necesidades de financiamiento cercanas a los 45 000 millones de pesos en 2014. Según ese estudio, más de un 80% del déficit provincial iba a ser financiado con deuda, y la incertidumbre internacional, derivada del conflicto judicial con los holdouts, les impediría colocar deuda en los mercados externos. Mientras los gobiernos provinciales esperan una nueva ayuda del Estado nacional, este afronta otra cruda realidad que el Mundial tampoco ha podido tapar: el creciente aumento del déficit fiscal: en el primer cuatrimestre de este año ya ronda el equivalente a USD 604 millones mensuales en promedio, según una estimación del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).