Redacción Guayaquil
¿El decreto del estado de excepción que emitió el Gobierno la semana pasada es la solución para bajar los niveles de inseguridad en Guayaquil, Quito y Manta?
Definitivamente no. Eso es reincidir en una medida, que en las veces que se aplicó, lo que ha provocado es un escenario más de temor y su eficacia ha estado en duda abiertamente.
¿Por qué surge la duda de su eficacia?
Porque abre la puerta para el abuso de autoridad, que no ha estado libre en anteriores ocasiones. La presencia de militares en el combate a la delincuencia común desvirtúa el papel de esa fuerza, porque se los incluye en tareas para las cuales no está preparada, su formación no es esa. Ellos no pueden lidiar con problemas sociales. Han perpetrado abusos, por no ser esa su tarea fundamental.
Entonces, ¿cuál será la contribución de los militares en estos momentos para bajar los niveles de inseguridad en estas tres ciudades del país?
Casi ninguna. Su presencia crea un ambiente de tensión. Eso no es disuasivo para el auge delictivo, sino fijémonos que las variaciones de los índices de criminalidad no han sido notables antes, durante y después de los estados de emergencia. Eso revela una falta de efectividad en las propias instituciones del Estado, que están dedicadas a estas tareas, como los ministerios de Gobierno, Seguridad Interna, entre otros.
¿Eso quiere decir que la presencia militar en las calles no serviría de mucho?
No, pero sí causará la detención masiva de personas indocumentadas, ya sea porque han estado libando en la vía pública o por hacer escándalo. Ese no es un elemento realmente perturbador de nuestra seguridad, sino el secuestro exprés, el sicariato… Lo que finalmente ocurre con los estados de excepción es que se afectan a ese tipo de conductas, que son menores. No a lo otro, que son los problemas de fondo que hacen tambalear a la seguridad.
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