Transcurrido el breve período de calma, por decirlo de alguna manera, que produjo la muerte cruzada, el país ha retornado a su clima habitual de confrontación, de irritación, de sobresalto. Mucho más notorio en estos días marcados por la efervescencia de este insólito proceso electoral.
Habrá tiempo para referirse al tema electoral; pero hoy quisiera destacar que los primeros en alterar y boicotear la presunta tranquilidad que vivíamos fueron los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, tratando de asumir competencias que no les corresponden.
A la luz de la historia reciente del Ecuador, era inevitable y obvio que, eliminada la Asamblea, sea este organismo el que asuma el papel de perturbador principal de la tranquilidad pública. Desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi, el Consejo de Participación se convirtió en un ente nefasto que, en su momento, le permitió al gobierno controlar a las diversas instituciones del Estado y que, ahora mismo, quiere preparar el camino para una nueva versión del ejercicio del poder fuera de todo control.
Fue una lástima que en la consulta de 2018 no se le haya preguntado al país sobre la subsistencia del Consejo o al menos sobre sus atribuciones. Se le consultó sobre la designación de sus integrantes y el resultado fue peor. El Consejo se mantiene, incrustado en el aparato del Estado, como un raigón emponzoñado que trastorna, que revuelve, que descompone, el panorama político y jurídico del país. Por sanidad pública ese raigón envenenado debería ser definitivamente extraído.