La integridad de un Estado es fruto de la convergencia de un ordenamiento jurÃdico adecuado y de la gestión armónica de gobernantes y gobernados. Si el equilibrio de funciones estatales (ejecutiva, legislativa y judicial) se rompe y si la actitud ciudadana es indiferente o mantiene un respaldo necio y ciego a polÃticos inescrupulosos que saquearon al paÃs, se originará un Estado fallido y se dará lugar al aparecimiento de fuerzas delincuenciales que asesinan, extorsionan, amenazan, secuestran y siembran terror, con el afán de crear el escenario apropiado para dominar al gobierno, a la población, a las fuerzas del orden e instaurar un territorio donde la ilegalidad campee y el narco tráfico reine. Este tenebroso ambiente obedece a la irresponsabilidad de los codiciosos que llenaron sus bolsillos con la pobreza del pueblo inocente, al que subyugaron con el engaño. Pactaron con bandas mafiosas y las incorporaron a su movimiento polÃtico llevándolas a ostentar dignidades en distintos poderes, intervinieron en la justicia, coparon designaciones de jueces y fiscales que la deshonran, acomodaron leyes a sus futuras ilegalidades, abrieron las fronteras de la patria a los habitantes de todo el mundo, sin averiguar antecedentes, ni méritos o deméritos y sin tener ninguna reciprocidad de otros paÃses, que si cuidan su soberanÃa y evitan las inundaciones con bandas mafiosas multinacionales que ahogan a nuestra nación. Su influencia concretó una mayorÃa legislativa que en otra actitud (de las tantas), reprochable al máximo, concedió amnistÃa e impunidad a un grupo de terroristas y delincuentes y los habilitó para que volvieran a transgredir el orden y la paz nacional una y otra vez.
En una acción tardÃa, pero indispensable, el gobierno ha buscado la asesorÃa del general Paco Moncayo y ha nominado al general Wagner Bravo como ministro de Seguridad, nace la esperanza de frenar al salvaje y sanguinario ataque de polÃticos irresponsables, de asaltantes, criminales y narco traficantes.