El CONSEPE, máximo organismo para la seguridad del país, ha declarado a los grupos del crimen organizado como terroristas. Aunque a la medida se le reclama mayores consultas, se reconoce la proactividad. Como siempre, se levantan adhesiones y rechazos.
El terrorismo está definido en el COIP 366. “La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos…”
Sin duda, vivimos un estado de terror y nuestra vida, integridad física y libertad están en peligro. La violencia está instalada y nadie queda inmune: sicariato, secuestros, extorsiones, asesinatos, bombas, mutilaciones. No hay lugar seguro ni compasión que valga. Los efectos son desastrosos para la economía, la cohesión social, la imagen internacional.
La medida no es retórica ni inofensiva. Tiene consecuencias relevantes: aumento de penas, participación de las FA, uso de armas letales, persecuciones focalizadas, confiscación de bienes, congelamiento de activos, restricción de viajes, indemnizaciones. A nivel social, convierte al escenario en un escenario de guerra.
Varios sectores respaldan la medida como expresión de una política de “mano dura”. La imagen de un estado arrinconado y reactivo cambia a la de un estado a la ofensiva. Otros sectores, advierten el riesgo de resbalar al modelo Bukele y piden cuidar los derechos humanos… de todos, víctimas, ciudadanos, victimarios. No se trata de instaurar un terror de estado que termine por encerrarnos.
La medida precisa articularse con otras políticas y el plan integral se seguridad que seguimos esperando. Y requiere dos condiciones esenciales: depuración de la fuerzas del orden y operación ética y eficiente del sistema judicial. Caso contrario, será otra guerra perdida.