Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra siguen esperando verdad y justicia.
Han transcurrido cinco años desde que sus seres queridos fueron asesinados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la frontera entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, este triple crimen continúa en la impunidad.
Eran las 12:40 del 13 de abril del 2018 cuando el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó el asesinato de Javier, Paúl, Efraín.
Este equipo periodístico de EL COMERCIO fue secuestrado el 26 de marzo del 2018 en Mataje, cuando realizaban su trabajo. Según las investigaciones fueron asesinados entre el 7 y 8 de abril de ese año, pero la confirmación del Gobierno de ese entonces se dio el 13 de abril.
Han pasado exactamente cinco años desde aquella confirmación. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por este triple crimen, pero esa indagación sigue en la primera fase del proceso penal y es reservada. Además, no hay procesados ni sentenciados en Ecuador.
Este 13 de abril del 2023, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, conversó con este Diario y contó que la investigación de Fiscalía está estancada. Dijo que están pendientes algunas tomas de versiones, la reconstrucción de los hechos y el análisis de las huellas dactilares halladas en la camioneta en la que se movilizaban los tres profesionales el día del secuestro.
Los familiares de Javier, Paúl y Efraín han luchado por cinco años para que este caso no quede en la impunidad, pero aseguran que no hay voluntad política ni judicial para que este caso se resuelva.
Este 13 de abril del 2023, a las 18:00, familiares y amigos de Javier, Paúl y Efraín realizarán un plantón en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. Uno de los objetivos del plantón será levantar nuevamente la voz en contra de la impunidad
Los dos pedidos puntuales
Ricardo Rivas señala que existen dos pedidos puntuales al actual Gobierno de Guillermo Lasso. La primera solicitud es que se desclasifiquen las actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), donde se trató información sobre el secuestro y asesinato.
El segundo pedido es que se establezcan los mecanismos para implementar las recomendaciones que, en diciembre de 2019, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este caso. De hecho, una de las recomendaciones es transparentar la información.
En el 2018, el entonces presidente, Lenin Moreno, ofreció desclasificar las actas del Cosepe, pero no lo cumplió.
En junio de 2022, el presidente Guillermo Lasso también ofreció revelar esa información, pero hasta el momento no se ha cumplido ese ofrecimiento.
Además, en julio de 2021, los familiares presentaron una demanda en la Corte Constitucional, para acceder a los audios íntegros de las sesiones del Cosepe de ese entonces y a sus transcripciones completas.
Pero han pasado un año y nueve meses y ese pedido aún no se tramita. Incluso, se realizaron dos nuevas insistencias a ese organismo constitucional, pero no hay respuestas.
“Los tratados internacionales dicen que en los casos de violaciones a los derechos humanos no deben haber informaciones reservadas. Además, todas las instituciones del Estado están obligadas a entregar información para que se pueda esclarecer la verdad. Sino se cumple eso, las autoridades actuales se vuelven parte de la negligencia estatal y del encubrimiento”, indicó el familiar de Paúl Rivas.
¿Por qué son importantes las actas del Cosepe?
Según Ricardo Rivas, en las actas del Cosepe constan los detalles de la responsabilidad estatal de Ecuador en este caso.
“En esos documentos se detallan todas las decisiones que las autoridades emitieron, en el 2018, para poder rescatar o no con vida a Javier, Paúl y Efraín. Con esas actas se podrá demostrar como el Estado los dejó en indefensión”, indicó el familiar.
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