Los enfrentamientos verbales entre asambleístas de País y el Fiscal Pesántez han hecho brotar pus en las relaciones de poder del entorno de Rafael Correa.
De las acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias se ha pasado a las de encubrimientos y proteccionismos de ilícitos y vinculaciones con personas que en la percepción pública en tiempos recientes han manejado negocios mafiosos o por lo menos contrarios al interés público.
La sabiduría popular se expresa en frases como “cuando el río suena, piedras trae” y también “calumniad y calumniad, que de la calumnia algo queda”.
No necesariamente hay que dar crédito a las versiones de unos y otros, pero sí hay que analizar y observar a los actores, sus conductas pasadas, sus actuaciones en la confrontación y lo que de futuro hagan.
Lo más probable es que se midan los rabos de paja y que Correa a los hoy confrontados les dé en las posaderas -figuradamente- para llevarlos al silencio en los próximos días y semanas.
El Fiscal está prácticamente afuera. No habrá destitución por juicio político, porque no lo permitirá Correa. Pero, no será calificado en el concurso para Fiscal, quizás ni se postule para el cargo. Puede ser que Correa, si el Fiscal le asegura encubrimientos hasta el último día que ejerza el cargo, lo designe Embajador o le lleve a otra función.
Los subalternos del Fiscal se acogerán a la conocida práctica “a rey muerto, rey puesto”, solo algunos pagarán la factura de declaraciones contra los acusadores . Pesántez y los asambleístas en referencia son políticos con ambiciones -el Fiscal se pensaba presidenciable- a los que Correa no les quiere dar otro espacio que ser subalternos, por eso en el fondo no le desagrada que entre ellos se acusen, porque les baja en su imagen personal y solo tendrán acceso a los cargos que él quiera darles.
Otro cantar fuese si se tratara de Patiño, Alvarado o Mera, de cuyas lealtades está convencido Correa.
En lo que sí coincidirán Correa y sus asambleístas es en buscar para la Fiscalía alguien absolutamente obsecuente, al estilo de los que facilitan la inexistente fiscalización en la Constituyente y la Asamblea, cumpliendo la servil condición que ameritó su selección: encubridores de ilícitos .
Si Pesántez quisiera pasar de las palabras a la efectividad, debería reabrir el caso de las falsedades en la Constitución, evidenciadas no solo en el cambio de los textos, sino también en los ilícitos facilitados por tales falsedades; e, iniciar la indagación penal por los ilícitos señalados en el informe de la Contraloría sobre la gestión de la Constituyente. En uno y otro caso, hay responsabilidades de asambleístas hoy detractores.
Si Pesántez actúa con dignidad en los procesos de responsabilidad penal del entorno gobernante, ni Embajada le darán.