Bogotá, AFP
La Corte Suprema de Justicia de Colombia denunció que se siente amenazada y amedrentada, luego de que se descubrió un presunto plan para asesinar a tres de sus miembros, y advirtió que las autoridades deberán responder por su seguridad ante la comunidad nacional e internacional.
“Frente a los hechos conocidos por la opinión pública, según los cuales una vez más graves peligros se ciernen sobre la Corte Suprema de Justicia, la Corporación manifiesta con toda energía que no se trata de un episodio cualquiera, en atención al momento que vive el país”, manifestó el tribunal en un comunicado.
“Se prolonga así la estrategia de amedrentamiento en el vano intento de doblegar la inquebrantable voluntad de la Corte Suprema de Justicia de cumplir sus responsabilidades frente a la sociedad, la Constitución y la ley”, agregó la declaración divulgada la noche del jueves.
Según trascendió el jueves, las autoridades descubrieron un plan criminal, impulsado por paramilitares asociados con narcotraficantes, para que pistoleros asesinen al menos a tres magistrados de la sala penal del tribunal, que tienen a su cargo las investigaciones de nexos de organizaciones ilegales de extrema derecha con congresistas.
Esas investigaciones ya han llevado a la cárcel hasta ahora a 38 legisladores, en su mayoría de la coalición oficialista.
Dos sospechosos armados con pistolas con silenciador fueron capturados en la madrugada del jueves en inmediaciones de las residencias de dos de esos magistrados, según el comandante de la Policía de Bogotá, general César Augusto Pinzón.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, había condenado en un comunicado “de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la rama judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Los magistrados dijeron en su declaración que “ante la comunidad nacional e internacional deben responder las autoridades encargadas de nuestra seguridad y la de nuestras familias; responsabilidad que se extiende a la propia vigencia de la democracia”.
Consideraron que “la muerte reciente de funcionarios judiciales, la amenaza a testigos y víctimas, la discreta apatía de las demás ramas del poder público frente a estos peligros, hacen que la Corte se vea precisada a denunciar la indiferencia”.