Uno de los pilares básicos del sistema democrático es el respeto al ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución y los tratados internacionales, que prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (art. 424). Sin embargo, el deporte favorito ha sido y sigue siendo el pisoteo constitucional y solo se preocupan cuando ven amenazada su estabilidad en el poder. Solo cambiaron los actores y el nombre de Asamblea por Congreso.
Hay ejemplos de cómo se han irrespetado las normas y con decretos ejecutivos violentaron las leyes, lo que significa una aberración jurídica (el caso Conartel). Ahora, cuando recrudeció la protesta indígena en contra de la forma como se procesó el proyecto de Ley de Aguas se dan cuenta al final que debe respetarse la Constitución y aplicar el art. 57, numeral 17, que reconoce y garantiza a las comunidades el derecho a ser consultados antes de una medida legislativa que pueda afectar a cualquiera de sus derechos colectivos, pero que puede ser solo quema de tiempo y un saludo a la bandera porque no es vinculante.
Se acuerdan la víspera de la votación que hay que observar la Constitución y hacer la consulta, que no aplicaron en el caso de la Ley de Minería y por eso la Corte Constitucional emitió la sentencia que estableció el procedimiento hasta que la Asamblea emita la ley (RO del 21 de abril último). La Ley de Minería fue declarada vigente pero con “la constitucionalidad condicionada” (?).
Tratan despectivamente a todos los sectores, a menos que se allanen al oficialismo y estén dispuestos a someterse a sus dictámenes. Se intenta imponer la legislación (además del entierro de la fiscalización en medio de una galopante corrupción) con proyectos que no buscan consensos. Se escucha pero no se procesa. Lo deseable sería que se retome el contacto civilizado, más aún cuando este Gobierno institucionalizó el diálogo permanente con este sector mediante el decreto 96, que debiera extenderse a todos y que no sea un monólogo ni demagogia.
Más de 2 años han pasado de conocerse las irregularidades en la concesión de frecuencias, que el Presidente criticó, pero hasta ahora no ha pasado nada, pero preocupados por la posición indígena se gestiona la entrega a sus comunidades.
El país no puede vivir con desorden, inseguridad, secuestros, imposiciones, caos y bloqueos, que no arreglan los problemas sino que complican y por ello deberían superarse, pero ese es el efecto. La causa, que es más importante, es que no hacen bien las cosas. Juegan con fuego y se enredan con sus propios textos. Acaso por su iniciativa no está vigente el derecho a la resistencia. Si bien el problema del agua involucra a todos y no es un tema de razas ni exclusivo de los indígenas, ¿qué dice el resto de la pasiva población?