La semana pasada se volvió a presentar un plan para contribuir al enfrentamiento de la inseguridad debido al crecimiento de la delincuencia y la violencia, que generan preocupación ciudadana. Se trata de capacitación a fin de prevenir y enfrentar con éxito este azote que mantiene en vilo a la sociedad en medio de la falta de una política de Estado que involucre permanentemente a todos los sectores, instituciones y ciudadanía, porque no es un problema exclusivo de la Policía aunque tenga la primera responsabilidad.
Toda acción de coordinación es loable, más aún cuando se trata de involucrar a las instituciones y a la ciudadanía. Se trata del Plan de capacitación “Ecuador sin violencia: educamos para prevenir”, con la participación de los ministerios de Gobierno, Educación, la Fiscalía, la Policía y la ciudadanía. Empero, por la experiencia vivida los últimos años, por planes no faltan. Desde hace más de siete años se vienen exhibiendo sin resultados tangibles. Cambian los títulos y algunas autoridades aunque los contenidos sean casi los mismos. Aquí no se trata de inventar las cosas, sino exhibir resultados exitosos.
El 2009 la Fiscalía con gran pompa –como sostuviera públicamente quien ejerciera la Subsecretaría de Seguridad en esta administración, Fredy Rivera, y por tanto testigo de cargo- anunció otro plan y se comprometió a reducir en corto tiempo los niveles de delincuencia. Resultado: empeoró la situación. El propio Presidente de la República criticó hace poco la actuación de fiscales y jueces, pero el problema queda allí y no se toman los correctivos.
Ahora no se puede argumentar falta de recursos porque han sido asignados, aunque siempre hará falta para mejorar fundamentalmente la parte tecnológica. Se ha invertido en seguridad, la compra de edificios, aumento de personal, pero la situación está peor. Faltan evaluaciones y resultados concretos que generen confianza a una ciudadanía asustada de transitar por las calles.
Se habla en el último plan de una colectividad educada, pero no se establecen responsabilidades y lo que es peor: la deficiencia en los controles que deben existir para establecer en dónde están las debilidades y las amenazas. No se pueden enfrentar los efectos si no se atacan las causas. No funciona un sistema nacional de seguridad ciudadana con la acción de todos y no reacción como se acostumbra. Cómo se puede generar un clima de confianza y seguridad si la respuesta institucional ha sido aislada y defectuosa, cada cual por su lado, sin una política de Estado armónica. Al contrario, las denuncias de fallas en la acción fiscal y de jueces con un retardo en la administración de justicia llevan a la desconfianza en las instituciones y la decepción ciudadana, que prefiere no denunciar pese a que se producen delitos flagrantes.