Un pasillo en el interior del Colegio Manuela Cañizares, en Quito, fue la habitación de 200 padres y sus hijos. Afuera, la vereda de la calle Foch fue la cama de otros 150 que hicieron fila para inscribir a sus hijos en esa tradicional institución capitalina.
Pasaron ahí la noche del martes. Y algunos también la del lunes. Todos tenían el mismo objetivo: asegurar un cupo para el octavo año de básica. Pero cada grupo aspiraba a conseguirlo de una manera diferente: con protestas o formando una fila.
Wilman García, con un vaso de café humeante en su mano, dijo que no permitirá que se inscribiera de nuevo a los alumnos y exigió que se respetara la lista de los sorteados el 16 de julio.
Gloria Vidal, ministra de Educación, había anulado el proceso que se inició el 14 de junio con una inscripción a través de Internet. También dio nuevas fechas para las nuevas inscripciones.En el anterior sorteo, 25 439 estudiantes del régimen Sierra lograron un cupo. Pero Vidal invalidó la lista de favorecidos debido a la supuesta alteración en el proceso, del cual culpó al departamento de tecnología de la Cartera que dirige. Pero Paúl Andrade, ingeniero del Ministerio, dijo que hubo apenas 19 días para organizar el sistema.
La decisión de Vidal originó una ola de protestas de padres de familia que desean inscribir a sus hijos en colegios como el Manuela Cañizares, Mejía y Montúfar. En esos planteles, el caos imperó desde el lunes.
Los manifestantes que durmieron en el Manuela evitaron que se instale la oficina de recepción de documentos de los aspirantes. Según el cronograma que estableció el Ministerio, ayer estaba previsto que se inscribieran los abanderados.
Por eso Olinda Ortiz y su hija Sharline Quiroz viajaron desde Tababela para la inscripción. Ellas llevaron cobijas para dormir en la vereda. “Hubo fraude”, señaló la madre, quien apoyó la anulación del sorteo.
La subsecretaria de Desarrollo del Ministerio, Verónica Falconí, dijo el 14 de junio que los abanderados tenían prioridad y entrarían directamente a cualquiera de los tres colegios que eligieran. Pero Sharline Quiroz no apareció entre los favorecidos.
Las protestas también se mantuvieron ayer en el Colegio Mejía. Sandro Rodríguez, su esposa Ximena Pozo y sus dos hijos durmieron en un colchón que ubicaron en el graderío principal del plantel. “No tenemos dónde dejar a mis hijos, así que dormirán con nosotros”, señaló el padre anteanoche. Ayer, la familia seguía en el lugar.
Un grupo de padres de los aspirantes a los colegios en los cuales hay protestas acudió ayer a la Asamblea para esperar la llegada de Vidal. Pero en el orden del día no se incluyó la comparecencia de la funcionaria.
En los colegios 24 de Mayo y Dillon continuaron con la nueva inscripción, pese a la protesta de pequeños grupos de padres. Los supervisores delegados de la Dirección Provincial de Educación llegaron para vigilar el proceso.
Lya Naranjo, rectora del Dillon, señaló que hay 300 cupos para octavo año. Allí se inscribieron 22 abanderados hasta el mediodía de ayer. En el 24 de Mayo, se recibieron 80.
Gloria Vidal dice que no renunciará
“Que se vaya la Ministra”. Ese ha sido el grito de los padres de familia que protestan en las afueras de los colegios en conflicto. Pero, a las 15:30 de ayer, Gloria Vidal señaló que sería una irresponsabilidad dejar su cargo antes de solucionar el problema de los cupos para octavo año de educación básica.
De los 101 planteles con más de 1 200 alumnos que hay en el país, 44 están en Pichincha. Las protestas se han registrado en los colegios Mejía, Central Técnico, Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Montúfar, Hipatia Cárdenas, Quito y Técnico Sucre.
Vidal dijo que cree que existe ingerencia política de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Señaló, además, que las manifestaciones de los padres de familia no retrasarán el cronograma de inscripciones ni el normal ingreso a clases.
Si no se retiran de cada colegio, dijo, se buscarán instituciones alternativas para continuar con el registro de los alumnos para octavo año de básica.
La funcionaria anotó que espera el informe de la auditoría que se hace al sorteo del 16 de julio, en el cual se detectaron irregularidades.