En las últimas semanas asistimos a ejercicios de ocupación por parte de militares y policías de zonas marginales dominados por mafias y pandillas. Hoy son ejemplos Socio Vivienda, Ciudad Perdida y Posorja, pero seguramente habrá más.
Situaciones similares se han dado en países de América Central en décadas pasadas. Vale la pena comparar y advertir sobre posibles futuros. Se trata de territorios -barrios pequeños o medianos- controlados por narco-mafias: transporte, seguridad, distribución, consumo, negocios. Incluyen en ocasiones contrabando, extorsión, trata, armas.
En estos casos, el Estado y sus instancias, se replegaron y casi desaparecieron. Cierre de escuelas, centros de salud, puestos de policía, obras públicas… Vecinos forzados a mudarse. Organizaciones comunales suprimidas o funcionalizadas. Posesión de viviendas, transformadas en guaridas, para secuestro, objetos robados, escondite. Territorio “liberado”: otras normas, autoridades, símbolos (banderas, grafitis), reconocimientos, sanciones… Casi un micro estado.
Las estrategias aplicadas fueron las incursiones. Irrupciones de un gran contingente de fuerza pública (más de 500 efectivos armados, patrullas, motos) por períodos cortos, una o dos semanas. Balaceras, heridos, presos, requisas, demolición de algunas casas, amenazas y miedo. Pandilleros esperan y acechan escondidos. Una vez que salen las fuerzas del orden toman posesión otra vez. Venganzas, reorganizaciones, reincidencias.
Resulta evidente la insuficiencia de la incursión como estrategia: un círculo vicioso que no afecta raíces. Se vuelve imperativa la presencia permanente y vigorosa de instituciones del Estado. Y junto a las acciones de represión, atención integral a las poblaciones tomadas: salud, seguridad, servicios básicos… Preocupación prioritaria por jóvenes que pierden horizonte y se ven forzados a integrar pandillas o emigrar… Un estado no puede soportarterritorios autónomos controlados por grupos delincuenciales, por poderosos que sean.