Nadie duda del importante valor económico de alrededor de mil millones de barriles de petróleo depositados en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, la labor de llevar esos barriles al mercado, enfrentará obstáculos técnicos y políticos, que algunos expertos de la industria consideran insuperables.
Para empezar, no existe un plan detallado que permita entender a qué se refieren las autoridades cuando hablan de “minimizar el impacto ambiental” en la zona. Es de esperar que luego de años de una intensa campaña global de educación sobre el enorme valor ambiental del parque Yasuní, no escatimen costos para evitar “metidas de pata” que puedan generar indignación pública local e internacional. Dependiendo de los estándares y de la tecnología que finalmente apliquen, los costos de explotación podrían variar dramáticamente y situarse muy por encima de los de otros campos petroleros del oriente ecuatoriano.
Una explotación tan costosa y sofisticada, no sólo que depende de que se mantengan los altos precios del petróleo, sino que limita el número de empresas y contratistas que podrían desarrollar un trabajo aceptable. Las empresas globales que cuentan con recursos financieros y tecnológicos adecuados, probablemente se resistan a operar campos en Yasuní, preocupadas por el efecto que una “mala prensa” tendría en su reputación y en el precio de sus acciones. Este será un motivo de especial preocupación, luego del escarnio global y de las demandas judiciales que han caído sobre Chevron, derivadas de la operación de Texaco en la selva ecuatoriana durante el siglo pasado.
Las autoridades parecen estar conscientes de esta limitación, por lo que han adelantado que la empresa estatal Petroamazonas estará a cargo de la explotación. Sin embargo, esta carece de la experiencia y de los recursos necesarios para operar en un área tan sensible, por lo que deberá apoyarse en contratistas -esperemos- de primer nivel. Y si bien es cierto que Petroamazonas ha mantenido niveles técnicos superiores a los de su hermana estatal Petroecuador, funcionarios y otros actores de la industria han advertido un deterioro luego de la partida de Wilson Pástor de la gerencia de la empresa y del Ministerio de Recursos No Renovables.
Finalmente, la explotación en Yasuní depende también del desarrollo de oleoductos y plantas de energía, que tienen sus propias complejidades técnicas, deberán cumplir con innumerables trámites burocráticos y obtener una serie de permisos, bajo un permanente escrutinio público local e internacional.
Quizá los ambientalistas y otros segmentos de la sociedad que se oponen a la explotación petrolera en Yasuní, están sobrestimando la real capacidad de las empresas e instituciones públicas ecuatorianas para ejecutar un proyecto que, dada su complejidad técnica y política, quizá no llegue a materializarse.