La operación del Metro tiene cuatro meses, pero los quiteños aún no cuentan con un sistema integrado de transporte público.
Llevamos años en diagnósticos en los que se ha reconfirmado que el servicio convencional es caótico e ineficiente. La ciudadanía está cansada de esperar la implementación de un sistema único y efectivo.
La Ordenanza Municipal 17-2020 determina claramente la ruta que las autoridades locales deben seguir para dotar al distrito de este sistema.
Según la Secretaría de Movilidad, más del 70% de la población usa transporte público como modo de movilización motorizado. Esto resalta la importancia de mejorar el servicio en beneficio de la mayoría.
La necesidad de cambiar las rutas y fijar un sistema único de pago se vuelve evidente ante la complejidad de la ciudad. Esto sobre todo en zonas rurales alejadas y barrios de alta densidad poblacional.
La diversidad de operadores y la falta de integración tarifaria dificultan la experiencia del pasajero. Actualmente, una persona se ve obligada a pagar varias tarifas y métodos de pago al usar diferentes modalidades de transporte.
Pese a que el Metro ha reducido los tiempos de viaje, ofrece mayor comodidad y seguridad, no cubre a toda la población ni todas las necesidades existentes.
En consecuencia, la redundancia de rutas y la superposición de servicios no optimizados generan congestión y tiempos de recorrido más largos.
La Secretaría de Movilidad ha ofrecido que hasta junio del 2024 se tendrá gran parte de los ajustes que se requieren y la coordinación con los operadores del transporte común.
El éxito de un sistema integrado de transporte público no solo beneficiará a los ciudadanos en términos de movilidad. Este cambio contribuirá al desarrollo sostenible, al promover un estilo de vida más saludable y respetuoso con el ambiente.
Es hora de que Quito dé los pasos requeridos hacia un sistema de transporte público cohesionado y eficiente que esté a la altura de las necesidades y expectativas de sus habitantes.
