Farith Simon

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Debo reconocer que cuando empezó esta campaña electoral mi intención era no usar mi voto contra alguien, no quería votar por quien no me representara plenamente.

De hecho, una de mis columnas en este medio se tituló “No votaré”, en ella exponía las razones por las cuales me comprometía a no repetir una práctica reiterada en nuestra historia electoral, un error que, por ejemplo, permitió el triunfo de Correa en su primera elección: yo, como muchas otras personas, voté en contra del otro candidato.


Cada semana desde que empezó la campaña un nuevo tema ha ido, poco a poco, marcando mi cambio de opinión y me ha llevado a pensar que lo mejor es tener un voto útil, no nulo, no en blanco.

Se confirmaron las sospechas del rol que jugaría la autoridad electoral: problemas en el padrón, en particular el significativo número de personas fallecidas empadronadas y las muy poco creíbles explicaciones; las “licencias” de los candidatos oficiales para hacer promoción; la campaña sucia en las redes sociales y un preocupante uso de las encuestas como instrumentos de campaña y no como herramienta de información.


En el debate de siete, de los ocho candidatos, se demostró el daño que ha sufrido la democracia, al margen del cruce de acusaciones, se escucharon de cinco candidatos propuestas a contramano de los derechos, claramente contrarias a compromisos internacionales, muchas parecen inspiradas en Donald Trump y el éxito de su populismo con un discurso securitista, xenófobo y nacionalista.

La no presencia del octavo candidato alertó sobre su poca disponibilidad, una marca de este régimen, de exponer sus ideas a debate, a escrutinio, a intercambio, algo necesario en una sociedad democrática.
Esta extraña campaña electoral confirma lo que desde hace mucho tiempo sabíamos sobre la desigualdad electoral, las desventajas que cualquier candidato no oficialista tiene por este contexto institucional pensado desde la defensa de un modelo y no de la imparcialidad requerida.


Como se han tratado las denuncias de corrupción se evidencia, nuevamente, la inacción de las autoridades encargadas de controlar, investigar y sancionar. El proceso de concesión de frecuencias parece organizado para “castigar” a quienes han sido críticos al régimen y entregar los medios a pocas personas y organizaciones cercanas al régimen.

El proceso de designación de Fiscal y Contralor es una réplica de los anteriores, destinados a seleccionar o mantener personas cercanas al poder en los cargos de control.
Todo esto nos recuerda que no podemos reducir la evaluación de un régimen por los kilómetros de carreteras y edificios construidos, esto sería una grave simplificación de la noción de la política, del papel del Estado y la democracia.


Por eso cambié de opinión, votaré por un candidato, es necesario enviar un mensaje contra el autoritarismo y el virtual secuestro del Estado por un partido político. Usaré mi voto como señal de protesta, como instrumento para mostrar mi descontento con la situación actual.