Dimitri Barreto P.

Violencia de género sin política pública

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Abril 6 del 2017. Diana, de 25 años, fue encontrada en una maleta. Su esposo la estranguló en casa, la abandonó cerca del matadero de ganado de Quito y dijo a la familia de la joven que ella se había ido a Colombia, con otra pareja. Para impedir la identificación del cadáver, mutiló los dedos de las manos de su esposa, tal como vio en una serie policíaca de TV.

Julio 17 del 2017. Lázara, de 21, fue atacada con machete, mutilada, en su casa al nororiente de Quito. Asesinada por su expareja, junto a su madre, Yudelkys, y a su hermana, Yudeisy, de 15. Del estado de los tres cadáveres hubo evidencia porque cuerpos de socorro llegaron al departamento por la alerta de incendio. El hombre las mató, prendió fuego al lugar y se suicidó.

Los femicidios, es decir, los crímenes contra la mujer por el hecho de serlo o por su género (Código Penal), son una línea roja que merece reacción social y acciones urgentes en Ecuador. Unos datos: en el 2015 hubo en promedio 4,5 femicidios por mes, en el 2016 hubo en promedio 6 por mes y en lo que va del 2017 hubo en promedio 12 por mes.

¿Y la política de seguridad? Ecuador no tiene en el crimen organizado la principal causa de violencia, sino en el maltrato intrafamiliar y de género, dentro y fuera de casa. 8 de cada 10 femicidios fueron perpetrados por parejas y exparejas.

El femicidio es la expresión más descarnada de la violencia machista en Ecuador, pero no es la única evidencia de la violencia patriarcal. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador identifica que ámbitos de violencia contra las mujeres son, además del intrafamiliar, el espacio institucional, educativo, político, laboral.

Así consta en el proyecto de Ley Orgánica Integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, construido por una veintena de organizaciones en la Coalición. Esa propuesta busca dotar de un enfoque de género a la política pública, una iniciativa que cuenta con 27 000 firmas de respaldo y que merece lugar en la Asamblea, para evitar, por ejemplo, que funcionarios con fuero califiquen a políticas opositoras de ‘histéricas’ con inmunidad.