La construcción política que tiene que ver con la gobernabilidad, para un mayor grado de cooperación entre el Estado, instituciones y actores sociales, debe crear un lazo social de confianza, acorde con los cambios del escenario.
Así lo demuestra la transparencia del proceso de publicación de la política de Defensa y de seguridad de Paraguay, al entregar el Libro Blanco al Congreso para su aprobación. Con anterioridad lo hicieron Chile, Argentina y Brasil, porque estiman que una política impone objetivos estratégicos claros a los diferentes sectores gubernamentales, de los cuales se deben deducir planes, con metas mensurables que fundamenten la rendición de cuentas y eviten la retórica, la improvisación y los sesgos político-ideológicos, dispares con los intereses nacionales.
Una decisión igualmente transparente es la tomada por el presidente Peña Nieto, con la creación de la Gendarmería Nacional, como una fuerza intermedia o policía militarizada, que estará en condiciones de afrontar tareas de seguridad interior, seguridad pública y ciudadana, por cuanto están siendo formados, en el rigor que exigen las operaciones militares y al mismo tiempo, con asesoramiento francés para las operaciones policiales, legales y de investigación. Públicamente y con absoluta claridad se ha explicado el plan de gobierno para trasladar 5 000 efectivos de las FF.AA. para la conformación inicial de la gendarmería.
No se trata disimuladamente de controvertir a las FF.AA. en una policía militarizada. Indiscutiblemente la experiencia de México extremadamente dura, con 70 000 muertos en una lucha entre los carteles del narcotráfico y el crimen organizado, significa que las operaciones militares desarrolladas son necesarias, pero no deben ser las únicas ni aisladas de otras instituciones y órganos de seguridad.
Esta transparencia en las decisiones es la que genera confianza, ya que según el Dalai Lama su falta puede crear un profundo sentido de inseguridad.
En nuestra realidad nacional, parecería que se desconfía de las instituciones cuando se “tramitan” reformas en la Asamblea asignándoles a las FF.AA. misiones policiales, se las desnaturaliza y se pone en riesgo el control interinstitucional.
Asimismo, pretender crear una fuerza, especializada, jerarquizada, civil, armada, para la protección de personalidades, es despojar a la Policía de su misión constitucional. Su prerrogativa de “solicitar apoyo a la Policía Nacional o a las FF.AA., cuando se presuma riesgo… en cuyo caso el sistema creado será quien lidere las actuaciones” (EL COMERCIO 28 enero, 2012). Significa facultar a una fuerza civil paramilitar, que asuma el mando de las FF.AA. y de la Policía Nacional.
Bien recomendaba Montaigne: hay despojarse de las “cualidades viciosas” como la falta de transparencia y desconfianza, para que la sociedad no se desmorone poco a poco.