Arturo Torres

Un tigre sin dientes

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La red de coimas para gestionar contratos que operaba en Petroecuador desnuda la debilidad institucional para enfrentar y prevenir la corrupción desde los organismos oficiales.

Las denuncias sobre la magnitud de este caso no surgieron desde el aparato estatal, sino desde la prensa. Sistemáticamente, desde abril pasado, los medios han revelado la forma en que varios funcionarios y empresarios, incluidos el ex presidente de Petroecuador, Álex Bravo, y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, tejieron sus millonarias operaciones desde firmas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales.
El Gobierno insiste en que se trata de un caso aislado, de una ‘traición de sus colaboradores’.

Desde el 2007, por ejemplo, la Contraloría ha sancionado a 11 960 funcionarios con resoluciones administrativas por perjuicios al Estado. En este período se enviaron a la Fiscalía 2 057 informes con indicios de responsabilidad penal.

El último informe de Transparencia Internacional, de 2015, ubica al Ecuador entre los países con mayor percepción de corrupción. El país se ubicó, junto a Argentina, en el puesto 107, de un total de 167.

Dentro del andamiaje que Alianza País levantó los últimos nueve años, una pieza clave fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de sus principales funciones es transparentar la gestión de lo público e investigar los actos de corrupción.

Pese a todas las expectativas, este organismo ha estado completamente ausente de las investigaciones de los grandes casos que han generado preocupación nacional. Se suponía que ese ente suplantaría a la extinta Comisión Anticorrupción y fomentaría los procesos de veeduría ciudadana. Ni lo uno ni lo otro. El organismo se convirtió en un tigre sin dientes.

Sin duda, una de las tareas fundamentales que deberá encarar el próximo gobierno es la lucha anticorrupción, a partir de una estrategia global, que privilegie los intereses nacionales. No los partidistas de grupo.