Columnista Invitado

Una tarea no tan difícil

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José Hidalgo Pallares

Ante la posible erupción del Cotopaxi –posibilidad que, después de una excepcional bonanza, encuentra al Gobierno sin un fondo de ahorro para hacerle frente– el presidente Correa decretó el estado de excepción en todo el país. Uno de los puntos del decreto señala: “Se dispone al Ministerio de Finanzas que pueda utilizar todos los fondos públicos destinados a otros fines para atender emergencias con excepción de los correspondientes a salud y educación”. Para un Gobierno tan dispendioso, reorientar el gasto hacia propósitos más urgentes no debería ser una tarea difícil.

El Ministerio de Finanzas –que acaba de anunciar un recorte de USD 800 millones en el Presupuesto del Estado “por la falta de recuperación del precio del petróleo”– puede empezar, obviamente, haciendo uso de los recursos que actualmente se destinan a la Secretaría del Buen Vivir. Pero esa institución, símbolo del derroche de los últimos años, no es la única que refleja esa forma de administrar los dineros públicos. También se podría dar un mejor uso a los recursos que ahora van al Instituto Nacional de la Meritocracia, entidad cuya existencia ya era cuestionable en épocas de vacas gordas, mucho más ahora que el Estado debería reducir al mínimo o suspender del todo la contratación de personal.

Tampoco queda clara la utilidad (para la sociedad, no para el Gobierno) del dinero que se destina a la Secretaría de Gestión de la Política (cuya función luce mucho más partidista que estatal), a la Superintendencia de la Información y Comunicación (que sanciona a medios con argumentos casi risibles y encuentra fantasmas hasta en los cómics) o a una Secretaría de Comunicación con más de 300 empleados y un presupuesto de USD 40 millones, gran parte de los cuales se utilizan en cadenas nacionales para descalificar a opositores. Las dos primeras podrían eliminarse y la última reducirse al mínimo indispensable para informar al país sobre temas relevantes.

¿Y qué decir de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que recibe USD 10 millones anuales y es poco menos que un repelente para la inversión privada? ¿O de los ministerios coordinadores de nombres pomposos cuya existencia en una administración pública bien organizada es redundante?

El Gobierno también podría vender gran parte de su flota de vehículos, esas decenas de 4x4, muchos de ellos sin placas y con vidrios polarizados (si alguno de esos lo choca o lo atropella, vea usted con quién se queja) que circulan con luces de patrullero o invadiendo carriles exclusivos para el transporte público, como si el tiempo de los funcionarios que van en ellos fuera más valioso (o productivo) que el de los demás.

Al Gobierno le sobran alternativas para optimizar el gasto. No debería esperar una erupción (o a la llegada de El Niño) para hacerlo, sino que debería empezar desde ya. De hecho, lo debería haber hecho hace años.