Por decreto ley rige la reforma tributaria. El Presidente descalifica la resolución en contra de la Asamblea, aduciendo fallas en el tratamiento del proyecto.
Deplorable cómo manejó el ejecutivo su proyecto tributario. Desde su envío como de urgencia económica, ya que no era urgente. El ejecutivo enfatiza que el propósito no era recaudatorio; que los fondos no son indispensables para evitar una parálisis fiscal.
Además, no modifica al impuesto a la renta; no se requería que la reforma fuese aprobada antes de fin de año. Pudo haber sido enviado como ordinario, y el ejecutivo urgir agilidad a su bloque.
Pero fue enviado como urgente. Sobre tema tan complejo el legislativo debía pronunciarse en 30 días. Se decretó un puente vacacional de cinco días que redujo aún más el tiempo útil para tratar el proyecto.
La Comisión de lo Económico convocó a audiencia pública, y durante varios días acudieron interesados y expertos a exponer sus puntos de vista sobre los impuestos. De eso mismo se trata el trámite en el legislativo. El ejecutivo no puede prever todas las consecuencias de las nuevas disposiciones. Esa instancia, de enriquecer la propuesta de ley, se da en la Asamblea.
Pero el ejecutivo no habría estado dispuesto a aceptar ninguna de las observaciones planteadas en la audiencia. A su vez, la dirigencia del bloque legislativo oficialista se percató que era cuesta arriba la aprobación de la ley. Por lo que decidieron que no haya informe de la Comisión.
Luego decidieron que como no había informe, el proyecto no iría al plenario. La dirigencia oficialista de la Asamblea renunció al derecho y obligación de la legislatura a pronunciarse en materia tributaria. El Presidente, legislador único para crear impuestos.
La maniobra se vio favorecida por la imposibilidad de la fragmentada oposición de actuar coherentemente. Pero eso no quita que el oficialismo se propuso evitar el pronunciamiento de la Asamblea.
Los legisladores contrarios a los nuevos impuestos lograron que el proyecto se someta a votación en el pleno. Habiendo quórum, una mayoría de los legisladores presentes rechazó el proyecto. Para la reconsideración hubo una mayoría absoluta.
Pero el Ejecutivo descalificó este pronunciamiento legislativo. La mayoría simple no basta, argumenta.
Esta situación recuerda los peores momentos del fútbol, cuando el equipo que perdía en la cancha lograba que la Ecuafútbol con cualquier pretexto descalifique al ganador y le otorgue la victoria en el tapete.
Con la nueva Constitución, el legislativo perdió su derecho a compartir con el ejecutivo el nombramiento de las autoridades de control. Hoy, ya no legisla en materia económica. Mañana, ya se anunció, el Presidente colegislará con la Corte Constitucional.
¿Para qué queda la Asamblea?