El art. 298 de la Constitución señala: “Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias”.
El tema toma actualidad cuando el presidente Correa anuncia que con el dinero de la indemnización por el helicóptero asignado a la Presidencia siniestrado tiempo atrás podrá, con una inversión del orden de catorce millones de dólares, se van a hacer cambios sustanciales y nuevas áreas en el edificio del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, cuya fundación es de 1841, con el nombre de San Vicente.
La construcción de cemento en su sede actual se hizo al cumplirse su centenario, con lo cual las partes más antiguas ya sobrepasaron los setenta años. Como vicentino – Jaime Roldós recibió el Gran Premio del Colegio, el año 1959, estando su nombre desde entonces en placa de bronce- feliz que en el octavo año de su gobierno efectúe la inversión que ofrece realizar.
De no producirse el siniestro del helicóptero presidencial, ¿se habría hecho la inversión en el Colegio VR? Realmente el plantel amenazaba ruina.
¿Por qué entonces las palabras del presidente Correa de vincular el seguro del siniestro del helicóptero con la inversión en el Vicente Rocafuerte?, pienso que como forma comunicacional, porque lo del helicóptero ya estuvo solucionado, al adquirirse otro equipo para el uso presidencial, meses atrás.
Similar cosa con la apropiación del 12% de las utilidades anuales a repartirse a alrededor de 5 000 trabajadores de las empresas privadas de telefonía celular, en cifras brutas USD 100 millones, trabajadores a los que solo se les dejaría el 3%, del porcentaje histórico del Código del Trabajo del 15%.
Los recursos irían a la adquisición de tablets de uso informático destinadas a cursantes de bachillerato, lo que significaría su mayor conocimiento tecnológico –Nebot las da a los mejores estudiantes de los planteles de Guayaquil- y para un esperado incremento de remuneraciones por categorización de los maestros fiscales. Los dos fines muy loables, ¿pero se cumplirían aún sin la apropiación de dicho 12%?
El tema a debatirse debería ser ¿se va a avanzar en aquello de reducir la participación de los trabajadores del 15 al 3%, cuando en la fuente de ingresos hay bienes del Estado o es el servicio público concesionado?
Ya se anuncia el posible impuesto sobre comida chatarra, licores y cigarrillos, en que el consumo en abuso causa severos daños a la salud. Se lo asignaría a áreas de salud para prevenir esas adicciones.