12 de July de 2010 00:00

La sombra del Congreso

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Miguel Rivadeneira Vallejo

Con toda razón se criticó el pasado legislativo, protagonizado desde el retorno al orden constitucional (1979), para no ir más lejos, por la Cámara de Representantes. Luego se cambió el nombre, Congreso Nacional, pero siguió igual o peor hasta llegar ahora a la Asamblea Nacional. Incluso, antes hubo un mejor nivel de debate con protagonistas de un gran bagaje de conocimientos y de cultura.

Con estos malos antecedentes se cerró la Legislatura a comienzos de la actual administración, se estableció temporalmente el denominado Congreso “de los manteles” y finalmente vino la Asamblea Constituyente de Montecristi. Se aprobó el nuevo marco constitucional y legal y se vendió la idea de que con el cambio de nombre se enterraba el pasado tan denostado. Vinieron nuevos actores, de uno y de otro sector, pero los vicios del pasado y las malas prácticas se reproducen. Gritos, insultos, mal tratos, intentos de agresiones. Violaciones legales, interpretaciones y argumentos al antojo de los actores del momento. Hasta el incumplimiento de acuerdos legislativos (diciembre del 2009). Cómo se puede sostener que una autoridad no estaba en funciones porque viajó a Guayaquil y por tanto podía actuar su suplente.

La Función Legislativa, que tiene representación popular, es fundamental en un sistema democrático, más aún si actúa con independencia frente al resto de poderes, lo que no ha ocurrido. Debe cumplir las dos tareas: legislar y fiscalizar con sentido nacional. Hoy, de fiscalización ni hablar porque están proscriptos los juicios políticos en el Pleno. Ni siquiera los asambleístas gobiernistas pueden ejercer fiscalización y cuando intentan son callados o se autocensuran (el caso contra el Fiscal).

En materia de legislación existen serios cuestionamientos en torno a los procedimientos seguidos. Hoy está en la polémica la actuación del segundo vicepresidente de la Asamblea y la de su suplente a la vez, que permitiera la aprobación en la Comisión Ocasional del proyecto de Ley de Comunicación.

Por mandato constitucional, que debe ser observado por todos, la Asamblea debe aprobar el proyecto de Ley de Comunicación, incluso hay que criticar su incumplimiento. Sin embargo, no puede procederse de esta manera, lo que va a deslegitimar totalmente su vigencia y profundizar la inseguridad jurídica. La propia Constitución vigente establece garantías normativas y tienen que ser acatadas por todos.

En estas condiciones no se puede aprobar un proyecto de Ley de Comunicación. Primero tiene que dilucidarse el procedimiento legislativo. Tampoco imponer las cosas al más típico estilo del pasado político tan fustigado. Cambiaron los nombres de los actores pero no las conductas y comportamientos, lo cual es vergonzoso. Debieran hacer bien las cosas para que no quede una sombra de duda.

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