La posesión del nuevo Presidente vino acompañada por una serie de comentarios que saludaban un cambio de estilo necesario, en un país fatigado de escuchar tanta diatriba e insulto desde las más altas esferas del poder. Sin embargo faltaron concreciones; si bien es un hecho positivo conocer que no se escucharán al menos por un tiempo agresiones verbales que emanen de aquellos que son llamados a darle cohesión a la estructura social y no a fracturarla, resta saber cómo se irá diferenciando del régimen que le antecedió en el poder. Por lo pronto se avecinan tres asuntos que, de acuerdo a cuál sea la política del nuevo gobierno, nos brindarán certezas sobre lo que podemos esperar del mismo. El primero: la develación ofrecida para el día de mañana de la lista de los implicados en el escándalo de Odebrecht la cual, según la prensa internacional, será entregada por las autoridades brasileñas a sus pares de los países en que esa compañía se vio involucrada en escándalos de corrupción. Se podrá decir que tal revelación se hará sólo para fines investigativos y quizá existan intenciones de mantenerla aún bajo siete llaves. Pero existen antecedentes de lo contrario. En Argentina, ante el riesgo que la lista sea entregada a la Fiscal designada por el kirchnerismo y que la misma no se haga pública para proteger a personajes cercanos a ese grupo que podrían estar involucrados, el propio gobierno ha solicitado que se haga conocer a la ciudadanía tan pronto la reciban de las autoridades judiciales brasileñas. Si no se lo hace, a pretexto de no entorpecer investigaciones o por un supuesto sigilo legal, hay mecanismos para que esa información sea conocida por la sociedad. Parecida actitud deberíamos esperar de un nuevo gobierno que ha proclamado la transparencia y lucha contra la corrupción.
El otro tema vendrá cuando corresponda iniciar el proceso para reemplazar parcialmente a los vocales del ente electoral. ¿Se repetirán las prácticas anteriores donde se copó todos los organismos con adeptos al régimen, dejando por fuera a personas que pese a haber demostrado la probidad y experiencia suficientes quedaron al margen, por los mecanismos diseñados que parecía que esos procesos traían el nombre y apellido de los ganadores? ¿No existirán tres o cuatro personas en toda la sociedad, por fuera del oficialismo, con méritos suficientes para acceder a esas representaciones?
Por último, está lo referente a la libertad de expresión y los medios públicos. Sobre lo primero, ya es hora de conocer al menos los lineamientos generales que deberían ser los ejes rectores de una reforma a esa ley, para devolver las garantías para quienes ejercitan el periodismo. En cuanto a la dirección de los medios estatales es imperioso emprender una reforma que garantice que no sean instrumentos de propaganda de los gobiernos de turno, sino que tengan un eje editorial amplio, diverso, neutral, como algún momento se comentó en esta columna proponía hacerlo el PSOE en España. Hechos, no palabras.
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