Miguel Rivadeneira

Necesaria sensatez y coherencia

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La crisis económica que vive el país, debido al entorno internacional, la caída del precio del crudo pero también por el excesivo gasto público, la falta de un fondo de contingencia y el crecimiento del Estado burocrático, no puede hacer perder la mesura y coherencia que se necesitan. Sería grave no actuar con sensatez porque podría llevar al descalabro cuando se pretende desarmar la institucionalidad, en lugar de actuar con rigurosidad fiscal.

Es el caso del IESS, cuando hoy desprecian y niegan la deuda después de que la reconocieran y firmaran en el 2008, en un hecho que fuera destacado y acordado en dos ocasiones más. Ese año el Ministerio de Finanzas se comprometió por escrito a seguir pagando los valores de la deuda del Estado y así lo ha hecho. No se puede desconocer el trabajo realizado para duplicar el número de afiliados y mejorar la infraestructura en salud, pero ha sido insuficiente frente al aumento de la demanda.

En medio de la alteración que les lleva a contradicciones, hoy resulta que la deuda con el sector salud es inventada y existe inoperancia, pero llevan más de ocho años en el Gobierno y recién se percatan de lo que han hecho o dejaron de hacer.

¿Acaso no han presidido con sus delegados en este largo período y son los responsables, sin señalar a todos los culpables, del caos en el Hospital Teodoro Maldonado?

Cuando dicen que el IESS tiene muchos recursos daría la impresión de que no entienden lo que significa fondos previsionales, que representa contar con respaldo para atender las necesidades de futuro. Por ello aprobaron en la Constitución fondos provisionales antes que previsionales, como debía decir (art. 372). Quieren desconocer el financiamiento del 40% de pensiones jubilares (sería el Gobierno que hace esto contra los jubilados desde mediados del siglo pasado, que está vigente) con el anuncio del pedido a la Corte Constitucional, que ha sido obsecuente con el poder, para que declare la inconstitucionalidad de la Ley del IESS, cuando están garantizadas en la Constitución. El art. 37, numeral 3, dispone que el “Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a la jubilación universal”. El art. 371 se refiere a los aportes y contribuciones del Estado. El art. 372 señala que ninguna institución podrá menoscabar su patrimonio.

Si pese a las normas superiores se intenta eliminarlo, por qué en cambio se quiere comprometer a los miembros de la fuerza pública al tramitar una enmienda constitucional, que plantea que el Estado les garantiza el pago de sus pensiones jubilares.

¿Por qué no intentan quitarles el 60% del financiamiento de su fondo de pensiones? La Constitución, art. 11, señala que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

Hoy estos derechos que aprobaron en Montecristi les estorban para mantener el enorme gasto público, con rumbo incierto para los jóvenes.