León Roldós

¿Y los cientos de millones de seguros?

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“No nos falta liquidez”, dijo el presidente Correa en la sabatina del 30 de abril del 2016. ¿Se refería inclusive a los días antes del terremoto del 16 de abril del 2016, en que el Estado era el deudor más moroso del Ecuador –y sigue siéndolo a inicios de mayo- en cuanto a transferencias que por ley debe realizar y a los pagos a los que tienen contratos con el Gobierno central y las empresas de su entorno, con las secuelas que aquello conlleva, desde afectación a toda la economía –porque la mora y la iliquidez, que es su consecuencia más grave, se traslada y multiplica – hasta la generalización de la práctica mafiosa de “agravadas las dificultades, se venden facilidades” a que muchos se ven sometidos?

De no haber faltado liquidez, ¿por qué no se ejecutaban las transferencias –con los perjuicios que su atraso genera, por ejemplo, a entidades de salud que atienden enfermedades terminales, lo que motivó una declaración ministerial sobre que los pacientes de cáncer se mueren por la enfermedad y no porque no llegan las transferencias- y no se pagaban las facturas en mora, por miles de millones de dólares?

Después del terremoto del pasado 16 de abril, se ha anunciado más de un mil millones de dólares en dinero –además de ayuda material- que ha llegado o su ingreso debe producirse en semanas, a más del inmenso aporte voluntario de la sociedad civil y de las empresas ecuatorianas.

Para nada se ha mencionado las cifras que el Estado recuperará por siniestro catastrófico, en cuanto a daños en obras de inversión pública que por normativa jurídica debieron tener cobertura de seguros y hubo la instrucción de que siempre se contraten con Seguros Sucre. Las entidades del Estado y la propia Seguros Sucre deben informar sobre los reclamos en trámite –deben ser por cientos de millones- porque los reaseguros de siniestros catastróficos permiten recuperar casi el 100% de los montos asegurados, con fondos que vienen del exterior. Esa será una liquidez muy importante, hasta ahora no mencionada.

Calumnia debe ser que hubo indolencia en la contratación de seguros y en el pago de las pólizas. De ser cierto aquello, la Contraloría debe establecer responsabilidades civiles y administrativas, así como los indicios de responsabilidad penal contra los personeros y funcionarios que debieron contratar los seguros y los que debían proveer los recursos para aquello.

Y sigue el trámite del paquete tributario para castigar a sectores ciudadanos y empresarios, como que fuera para los afectados por el siniestro, cuando en los hechos será para fondear el déficit fiscal ya existente a la fecha del terremoto. Un asambleísta de Alianza País expresó que eran medidas “nacidas del corazón”; alguien comentó “será de hígados envenenados por resentimientos y odios”.