León Roldós

Romper la nuca

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La frase que significa tratar de anular a una persona o a un conjunto social. En el Ecuador, se la ha asumido como una práctica del poder.

Lo que se está actuando contra el personal de las Fuerzas Armadas y su entidad de seguridad social, el Issfa, aparece en esa línea, desde la trama/ engaño del avalúo de la Dinac –de mala fe se puede sostener que se trató de solo un error de buena fe- con el objetivo de privarle de uno de sus activos de mayor valor, el macrolote de Samanes, hasta la reciente tacha de que la estructura del Issfa es como la de la pirámide de Ponzi de los negocios de la mafia italiana.
Contra la sociedad civil organizada, las ONG y el empresariado hay una bronca permanente.
Desde la Asamblea de Montecristi, diciembre del 2007, cuando se estableció la declaración patrimonial, ya se manejaban documentos para un posible impuesto patrimonial. La sospecha de la reacción que generaría, llevó a que los del Gobierno se den golpes de pecho, negándolo, y señalando que la declaración patrimonial solo sería informativa.

Son ocho años que el impuesto patrimonial ha estado en el limbo de esperar la oportunidad. La ocasión se dio con el terremoto del 16 de abril. Una especie de vaselina, para engañar es aquello que la contribución será solo por un año y para patrimonios de un millón o más, con la tarifa del ocho por mil, según la declaración de estos al 1 de enero del 2016. Después fijarán otros períodos de vigencia, bajarán el piso gravable y subirán la tarifa tributaria, como lo han hecho en otros casos.

El Ministro Coordinador del ramo ha expresado públicamente que solo lo pagarán los 4 088 contribuyentes más ricos del Ecuador. Imposible que él lo sepa, porque las declaraciones patrimoniales recién se presentarán en el mes de mayo del 2016.

Lo grave adicional es que amplían el concepto de patrimonio. Por ejemplo: no se parte del valor de las acciones de una compañía, sino de derechos en sociedades y en instituciones sin fines de lucro, porque la valoración no es por el nominal de las acciones, sino por su estructura de activos/pasivos, con lo cual la declaración patrimonial se multiplica.

Se fija el castigo por mora tributaria, entre multa e intereses, en el 4,4% mensual, 52,8% anual, aplicable no solo por mora, sino también por glosas a las declaraciones que formule la autoridad tributaria, aun por presuntivas. Las contribuciones a pagarse no son deducibles como gastos en el ejercicio 2016, ni nunca, porque son “solidarias”.

En la pavorosa iliquidez de nuestros días, en que se multiplica la mora, siendo el Estado el mayor moroso del Ecuador, algunas empresas podrían colapsar y su consecuencia sería de reguero de pólvora. Y los nuevos ricos, nada. La corrupción fresca está exenta de declaraciones patrimoniales.

lroldos@elcomercio.org